La tensión entre Misiones y la Casa Rosada subió un nuevo escalón. El gobernador Hugo Passalacqua anunció que instruyó a los fiscales del Estado provincial a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar por los recortes en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El mandatario provincial explicó que el reclamo busca el “restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad desde marzo de 2025”.
Passalacqua también detalló que el planteo judicial incluye el pedido de “pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia y la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”. Incluso compartió en X los documentos que avalan la decisión.

No es la primera vez que Misiones recurre a la Justicia. Días atrás, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, había presentado un amparo con recurso de no innovar ante el Juzgado Federal de Posadas. Según la funcionaria, la decisión se tomó después de que se ignoraran los pedidos para garantizar auditorías claras y sin vulnerar derechos.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli advirtió en ese momento que “en Misiones, hace varios meses, hay muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben el beneficio de pensiones no contributivas”. Y denunció “cientos de casos de intimaciones que nunca llegan al domicilio; de lugares que no existen; de personas que no van a verificar cuando la gente está y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse para realizar la auditoría”.
Romero Spinelli insistió en que el recurso busca “volver al momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente su beneficio”. También aclaró que el gobierno provincial no se opone a los controles: “Son necesarias, pero sin vulnerar y sin socavar los derechos de las personas que más nos necesitan”, subrayó.
Este nuevo paso judicial marca un fuerte distanciamiento entre el Ejecutivo misionero y la administración de Milei, pese a que en los primeros meses de gestión el oficialismo nacional había contado con apoyo legislativo de diputados y senadores de esa provincia.