La denuncia pública la realizó Rosario Villalba, candidata a diputada nacional por el Frente Renovador Neo, quien estuvo presente en San Ignacio y registró con imágenes lo que definió como un “proceso ilegal e inhumano, que institucionalizó la crueldad”.
Según relató Villalba, en diálogo con Radio Up, las auditorías se realizaron en un restaurante de San Ignacio y no en una dependencia oficial de la ANDis. Las citaciones fueron entregadas de manera irregular: en algunos casos no llegaron a los domicilios, sino a intendentes o ex oficinas de ANSES que hoy están cerradas.
En el lugar, los supuestos auditores eran empleados tercerizados que completaban formularios ya firmados con el sello falsificado de un médico cardiólogo de Pergamino, Leandro Peñalosa. El profesional confirmó el fraude y anticipó que presentará denuncia judicial por el uso ilegal de su matrícula y sello.Condiciones precarias y maltrato a personas con discapacidadLas jornadas de auditoría se desarrollaron en condiciones precarias, con personas con movilidad reducida esperaron de pie, sin sillas ni asistencia, no había sanitarios disponibles hasta que la Municipalidad habilitó baños cercanos, vecinos y voluntarias tuvieron que asistir con agua, chipá y mate cocido a quienes permanecían horas bajo el sol, hubo personas descompuestas y niños con enfermedades crónicas que debieron soportar extensas esperas sin atención médica.
“Lo que vimos fue institucionalizar la crueldad”, señaló Villalba. “Había personas llorando, desvanecidas, o que deberían estar postradas en una cama y fueron obligadas a trasladarse hasta allí”.Denuncias de fraude y objetivos del operativoEl escándalo se profundizó cuando se supo que no existía junta médica ni profesionales revisando historias clínicas: simplemente se entregaban formularios con firmas apócrifas.
Para Villalba, el objetivo real del operativo no fue auditar pensiones de manera legítima, sino recortar prestaciones por discapacidad. “Si alguien tenía una pensión irregular y se presentó, se la validaron. Pero mucha gente que sí tiene derecho a la pensión probablemente será dada de baja por no haber podido trasladarse”, explicó.
La candidata vinculó el procedimiento a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que reclama ajustes en el gasto social, incluido el sistema de pensiones por discapacidad.
Un operativo con formularios firmados de antemano, sin médicos y con denuncias de fraude expuso el desmanejo de la ANDis en Misiones.La reacción de la provincia y la JusticiaAnte las denuncias, el gobierno de Misiones —a través de la Dirección de Discapacidad y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli— presentó un recurso judicial para frenar las auditorías y pidió “volver a foja cero” por considerar que el procedimiento fue ilegal, inhumano y violatorio de derechos básicos.
Villalba enfatizó: “Nadie se opone a que haya auditorías, pero deben hacerse con humanidad y legalidad. Lo que se hizo en Misiones fue un atropello”.La ANDis bajo sospechaLa Agencia Nacional de Discapacidad ya se encontraba bajo la lupa por los audios filtrados de su titular, Fernando Galarraga, en los que se mencionaba a Karina Milei en presuntos pedidos de coimas vinculados a la gestión de prestaciones.
El caso de Misiones refuerza las sospechas de corrupción y desmanejo en un organismo clave para garantizar derechos de los sectores más vulnerables del país.
La escandalosa auditoría de la ANDis en Misiones expuso una combinación de irregularidades administrativas, fraude con firmas médicas, y un trato indigno hacia personas con discapacidad. Lo que debía ser un procedimiento para garantizar transparencia en el sistema de pensiones terminó convertido en un símbolo del ajuste y la deshumanización.
El caso ya llegó a la Justicia y promete abrir un debate profundo sobre el rol del Estado en la protección de los derechos sociales y la necesidad de garantizar que los controles se realicen con respeto, humanidad y legalidad.