Manuel Adorni no puede explicar, ni remotamente, sus inversiones inmobiliarias, sus reformas suntuosas y, menos que menos, de dónde sacó los 500.000 dólares que en su momento “olvidó” declarar. Esas son las primeras conclusiones del estudio que la Dirección General de Asesoramiento Financiero de la Procuración General de la Nación (DAFI) le entregó este viernes —tal como adelantó Página/12— al fiscal Gerardo Pollicita. Son 180 páginas en las que se repite la frase: “no presentó documentación para acreditar este movimiento”. Es decir que no pudo respaldar lo que puso en sus declaraciones juradas y tampoco en las rectificatorias posteriores a “encontrar” los 500.000 dólares. Es más, las plataformas Binance y Lemon informaron que el exjefe de Gabinete no movió, ni por asomo, las cantidades que menciona. Pollicita dedicará la feria judicial —dos semanas— a formular el requerimiento a Adorni para que explique —y documente— de dónde sacó el dinero. Es un paso previo a pedir la indagatoria por enriquecimiento ilícito. El abogado de Adorni, Matías Ledesma, viene acompañando el expediente, pero en todo el proceso no ofreció ninguna documentación de respaldo. Es evidente que el exfuncionario y su abogado no quisieron presentar nada mientras esperaban ver si aparecía otro gasto, compra o más malas noticias.
El trabajo de la DAFI es repetitivo y lleno de números. Por ejemplo, dice, año por año, lo que declaró Adorni y señala que “no presentó documentación”. Pero, de inmediato, agrega que sumó la rectificatoria —también año por año— y le repite que tampoco respalda con documentación los datos que cambia. Por supuesto que una de las claves son los 500.000 dólares con los que Adorni intentó tapar el agujero negro de sus inversiones inmobiliarias, reformas y gastos —todos en efectivo—, pero sobre ese medio millón de dólares tampoco entregó papel alguno. De manera que la DAFI repite: “no presentó documentación”. Sucede que en sus declaraciones juradas pasó de 25 millones de pesos en bienes a 944 millones, algo que no podía justificar con su sueldo de 3.500.000 pesos. De ahí la creación de que “encontró” 200.000 dólares de su papá, los invirtió en Bitcoin y ganó otros 300.000. Las plataformas le hundieron la explicación, como antes ya lo habían hecho expertos como Fernando Molina o Maximiliano Firtman, y la DAFI le dice a Pollicita que le pida a Adorni que presente la documentación respaldatoria.
El caminoCon el informe de la DAFI, como suele ocurrir en las causas por enriquecimiento ilícito, la acusación le tiene que formular un requerimiento al imputado para que explique las inconsistencias. Esa palabra —inconsistencias— se repite en el texto de la DAFI y se le trasladará a Adorni. En estas causas es el imputado el que tiene que probar su inocencia, a diferencia de lo que ocurre con los demás delitos.
De manera que Pollicita lo intimará a que responda el requerimiento porque se encontró un incremento injustificado de su patrimonio y de sus gastos, y habrá que ver qué responde el exfuncionario. Hay quienes dicen que las inconsistencias planteadas por la fiscalía y la respuesta de Adorni derivarán en una pericia definitiva —en general, a cargo de contadores de la Corte Suprema—, que sería la base de una indagatoria por enriquecimiento ilícito y, casi seguro, un procesamiento. En todo eso entrará en juego el juez de la causa, Ariel Lijo.
La caídaLa lógica indica que, si Adorni hubiera tenido explicaciones y documentación, ya habría exhibido todo, en lugar de esbozar argumentos oscuros e inconsistentes que se caían al día siguiente. Era la única forma de conservar su puesto en el Ejecutivo, pero el exjefe de Gabinete recibió un golpe tras otro. Es más, Javier Milei pagó un enorme costo político sosteniéndolo en su puesto.
La catarata (no, la de Indio Cuá) empezó con el viaje a Nueva York con su esposa, Bettina Angeletti, y el supuesto pago de 5.000 dólares para viajar en clase ejecutiva. El dinero, por supuesto, en efectivo.
De inmediato apareció el video de su vuelo en avión privado a Punta del Este, pagado por su amigo Marcelo Grandío. Fueron 9.000 dólares que también Adorni dice haber devuelto en efectivo.
Hay que agregar un paseo a Aruba, una semana en el hotel Llao Llao de Bariloche y un viaje de Angeletti con sus compañeras de colegio a Madrid.
La seguidilla no paró. Se conoció después la compra de un departamento en Caballito a 230.000 dólares, una cifra descartada por los agentes inmobiliarios de la zona —debió salir 400.000 aproximadamente— y con un préstamo poco creíble de dos jubiladas que no le cobraron intereses. En Caballito, las reformas costaron otros 65.000 dólares, como mínimo.
Lo de Indio Cuá colmó la paciencia. La casa en el country se escrituró por 120.000 dólares, otra cifra más que dudosa. El contratista Matías Tabar terminó dejándolo sin explicaciones: contó que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por la cascada, el sistema para calentar el agua de la pileta, 19 muebles, parrilla, isla de cocina y más detalles de lujo.
La temperatura de la indignación trepó hasta niveles insostenibles cuando se conoció que gastó 8 millones de pesos en sábanas, pero poniéndolas a nombre de su secretaria, y realizó otros gastos usando tarjetas de los empleados de la Casa Rosada para que no figuraran a su nombre.
Cuando fueron apareciendo todos esos escándalos, Adorni no tuvo explicación. Su último recurso fue una entrevista armada en el canal LN+. Ahí se despachó con los 200.000 que encontró de su padre —que falleció endeudado y con tres juicios por no pagar un crédito, una hipoteca y las expensas—, dinero que, además, no figura en el proceso hereditario, y no aparecen cifras equivalentes que debían corresponder a su hermano y su madre.
Nada encaja con nada y por eso la DAFI le informa al fiscal que los movimientos no tienen respaldo. Es que al organismo del Ministerio Público se le pidió que reúna en un solo trabajo la evolución de los bienes, disponibilidades de efectivo, inversiones, créditos y deudas, reconstruya la salida de fondos, los pagos efectuados en efectivo y lo que surja de las declaraciones testimoniales. En el expediente no solo declaró Matías Tabar, el contratista, sino también el personal de la Casa Rosada, las jubiladas que le prestaron dinero, la inolvidable escribana Adriana Mechevenko y, además, están los informes de las plataformas y billeteras del mundo cripto.
Cruzando todo ese material, la DAFI le dice a Pollicita que hay (enormes) inconsistencias y que le pida la documentación al exjefe de Gabinete. Habrá que ver si los abogados, encabezados por Matías Ledesma, y los contadores que ahora trabajan para Adorni hacen magia. Todo hace pensar que más bien van a jugar a dilatar el proceso todo lo que puedan.