Un importante operativo policial realizado en el lote 13 de Avia Terai volvió a poner en el centro de la escena un conflicto familiar y judicial por tierras fiscales. La medida de desalojo fue promovida por Alcides Saboñik contra sus padres, Nicolás Saboñik y Blanca Jodis, ambos adultos mayores, situación que generó preocupación entre vecinos y productores de la zona.
En diálogo con Radio Gualok FM 101.3, la abogada Liliana Falcón, representante legal de Nicolás Saboñik y Blanca Jodis, cuestionó el procedimiento judicial y aseguró que la defensa aún no pudo acceder al expediente para conocer los fundamentos que llevaron a la jueza Maricel Feliciuk a dictar la medida cautelar de desalojo.
La letrada relató que el operativo contó con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, incluyendo efectivos policiales, policía montada, un camión hidrante, bomberos y una ambulancia, calificándolo como un procedimiento de gran magnitud.
Según explicó, el expediente tramita como una medida cautelar de carácter reservado, lo que, de acuerdo con su versión, le impide conocer las pruebas presentadas por la parte actora y los fundamentos de la resolución judicial. Señaló además que el lunes se presentó personalmente en el juzgado e intentó mantener una reunión con la magistrada, aunque indicó que fue informada por personal de mesa de entradas que no sería recibida hasta tanto se ejecutara la medida.
Falcón manifestó que ya incorporó documentación al expediente digital y sostuvo que existen antecedentes administrativos y judiciales que demostrarían que las parcelas involucradas forman parte de tierras fiscales administradas por el Instituto Provincial de Tierras Fiscales.
En ese sentido, recordó que existe un expediente iniciado en 2021 relacionado con el mismo lote 13, en el cual —según afirmó— la propia jueza habría reconocido la posesión pública, pacífica y continua de Nicolás Saboñik sobre esas tierras desde 1994. También indicó que en ese expediente obran oficios remitidos por el entonces Instituto de Colonización —hoy Instituto Provincial de Tierras Fiscales— donde se detalla la situación jurídica de cada una de las parcelas.
La abogada sostuvo que esos antecedentes indicarían que Ariel Saboñik cuenta con una autorización de transferencia únicamente sobre la parcela 21 del lote 13, aunque aclaró que ello no constituye una adjudicación definitiva de la tierra fiscal.
Asimismo, cuestionó el procedimiento judicial al señalar que, según su interpretación, únicamente se impulsa la medida cautelar sin notificarse oportunamente la demanda principal a la parte demandada, lo que —afirmó— dificulta el pleno ejercicio del derecho de defensa. Indicó que una situación similar ocurre en otra causa vinculada al lote 28, donde también representa a la familia.
Respecto del lote 28, Falcón explicó que Nicolás Saboñik y Blanca Jodis vivieron allí durante toda su vida, desarrollando actividades rurales y realizando mejoras que, según afirmó, se encuentran debidamente documentadas. También señaló que existen recursos administrativos actualmente en trámite ante el Instituto Provincial de Tierras Fiscales relacionados con resoluciones emitidas en gestiones anteriores.
Durante la entrevista, la abogada destacó especialmente la situación de vulnerabilidad de sus defendidos por tratarse de dos adultos mayores de 75 y 70 años, respectivamente, y sostuvo que son personas ampliamente conocidas en Avia Terai por su trayectoria de trabajo en el campo.
También informó que productores rurales y vecinos tenían previsto realizar una manifestación de acompañamiento a la pareja, en respaldo a su permanencia en el lugar mientras continúa el proceso judicial.
En otro tramo de la entrevista, Falcón aclaró que no atribuye irregularidades al Instituto Provincial de Tierras Fiscales ni a su presidenta, Marilin Canata. Por el contrario, afirmó que tanto Nicolás como Ariel Saboñik fueron recibidos por el organismo y que actualmente los recursos administrativos están siendo analizados conforme a la normativa vigente. A su entender, el principal interrogante continúa siendo conocer cuáles fueron los fundamentos jurídicos utilizados por la jueza para ordenar la medida cautelar.
Finalmente, la letrada expresó su deseo de que el conflicto pueda resolverse respetando el debido proceso, garantizando el acceso al expediente y el derecho de defensa de todas las partes involucradas.
Esta nota refleja las declaraciones realizadas por la abogada Liliana Falcón durante una entrevista con Luis Orieta para Radio Gualok FM 101.3. La causa continúa en trámite y las demás partes involucradas podrán ejercer su derecho a brindar su versión de los hechos.