La situación de la red vial nacional alcanzó un punto de no retorno ante la falta de inversión por parte del gobierno de Javier Milei y amenaza con transformar el turismo por vacaciones de invierno en una trampa mortal. Fabián Catanzaro, secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), lanzó una cruda advertencia sobre el estado de la infraestructura al denunciar un proceso de desinversión que calificó como inédito.
“Estamos en un triste nivel histórico en Vialidad Nacional, hoy tenemos un 70% de la red vial en mal estado”, sentenció el dirigente, quien subrayó que el deterioro es transversal y no discrimina regiones: “En todo el país no hay provincia ni ruta nacional que se salve”, describió.  
Alerta por la caída del 30% de la construcción: retracción e indicadores por el sueloSegún el referente gremial en declaraciones recogidas por el portal Mundo Gremial, existe una maniobra deliberada para invisibilizar la gravedad de la situación mediante lo que denominó un “apagón estadístico”. En este sentido, Catanzaro fue tajante al vincular la falta de mantenimiento con el incremento de la mortalidad en las carreteras. "Nos quieren mostrar que no aumentaron los siniestros y se han triplicado las víctimas fatales", denunció al señalar que el ocultamiento de datos oficiales busca enmascarar las consecuencias directas del ajuste en seguridad vial. 
El desguace en cifras: ajuste presupuestario y parálisis operativaLos datos técnicos que respaldan las denuncias de FEPEVINA revelan una decisión política de asfixia financiera: el presupuesto para 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023, agravada por una subejecución superior al 50% durante los últimos dos años. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional de diciembre de 2025, esta parálisis no responde a una falta de recursos genuinos: el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), diseñado específicamente para financiar obras viales, sigue recaudándose pero no se reinvierte en las rutas. 
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Para Catanzaro, el plan final del gobierno es la transferencia de 20.000 kilómetros de rutas a manos privadas, un esquema que critica por ser financiado con herramientas del propio Estado —como préstamos del BICE con tasas preferenciales— para beneficiar a licenciatarios en lugar de invertir directamente en la seguridad pública. Ante lo que consideran un abandono de las funciones esenciales del Estado, desde FEPEVINA solicitaron al Congreso la declaración urgente de la Emergencia Vial en todo el territorio nacional, entendiendo que cada kilómetro no mantenido hoy se traduce en muertes evitables mañana.