Capitanich afirmó que el bloque peronista rechaza el acuerdo, al tiempo que reconoce el proceso de reestructuración de la deuda pública. En ese marco, recordó el contexto de la crisis de 2001 y las reestructuraciones de 2005 y 2010.
“Es absolutamente imprescindible remarcar que oportunamente se sancionó, el 6 de enero de 2002, la Ley 25.961 de emergencia cambiaria y de normativa financiera. Y en ese contexto, se establecieron mecanismos para crear condiciones de neto sustentable compatible con la reestructuración de la deuda pública, en virtud de que se había declarado su default. Me tocó, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ser miembro informante de la Ley 26.017, que establecía un sistema de canje voluntario de la deuda pública, ampliada en el año 2010. Contando con una aprobación equivalente al 93% de los acreedores”, recordó. 
Capitanich también hizo mención a la “denominada cláusula Rufo” del año 2014, que establecía equidad en el trato para los acreedores. Para Capitanich, “Argentina no desconoció sus obligaciones, las reestructuró en condiciones compatibles con la recuperación económica, la continuidad institucional, la preservación del interés público y la capacidad de pago”. 
El senador también alertó sobre los efectos a futuro de la iniciativa, al advertir que el proyecto podría sentar un precedente peligroso. En ese sentido, señaló que, ante cada litigio, el Estado podría verse obligado a ceder, debilitando progresivamente su capacidad de negociación y su soberanía. “Este mecanismo no resuelve el problema, lo profundiza”, sostuvo.
A partir de este análisis, Capitanich fundamentó el rechazo del bloque en una serie de objeciones centrales. Señaló que el acuerdo premia la conducta de los holdouts y no garantiza condiciones de equidad entre los acreedores. Asimismo, advirtió que entra en tensión con la Ley 27.207 que limita el accionar de los fondos buitre, y con los principios internacionales de reestructuración de deuda soberana. También cuestionó que la jurisdicción externa pretenda sustituir el rol del Congreso y remarcó la falta de resguardo de la inmunidad soberana.
En la misma línea, alertó que el proyecto compromete recursos fiscales sin una evaluación integral de sus consecuencias, al tiempo que genera incentivos para nuevos litigios. “No se rechaza negociar, se rechaza este acuerdo en estas condiciones”, sintetizó.Finalmente, el senador planteó la necesidad de establecer principios claros, definir una estrategia consistente y responder los interrogantes expuestos en el dictamen, y concluyó: “Defender el interés nacional no es opcional, es una prioridad”.
“El punto central para el Congreso no es si el acreedor libera determinados reclamos, sino que el Estado obtenga una solución integral, razonable, equitativa y compatible con el interés público”.