El Obelisco porteño volverá a ser un punto de protesta social este sábado, ya que se van a concentrar integrantes de la comunidad universitaria y organizaciones ambientalistas. Los manifestantes llevarán a cabo una marcha de antorchas desde las 18:30 para pedir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo de la Ley de Glaciares.
Por un lado, el Gobierno mantiene abierto un foco de conflicto con las universidades nacionales, dado que no aplica la Ley de Financiamiento que fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo.
A pesar de los pedidos de la justicia para cumplir con la norma, el presidente Javier Milei sigue sin dar una respuesta favorable y recientemente decidió ir a la Corte Suprema de Justicia para que interceda. La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, fue la encargada de presentar el pasado 17 de abril un recurso extraordinario para que el máximo tribunal suspenda la aplicación de los artículos 5 y 6 de la norma.
Cabe destacar que ese día vencía el plazo judicial que obligaba al Gobierno a transferir $2,5 billones a las 56 universidades nacionales para compensar la pérdida salarial y cubrir gastos operativos. 
Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que la intervención de la Corte Suprema es necesaria porque la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) están evaluando convocar a una nueva marcha universitaria para el próximo 12 de mayo, en caso de que el Gobierno no cumpla con la norma y con el desembolso del dinero correspondiente. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) confirmaron un paro nacional para la semana del 27 de abril al 2 de mayo.
La AGD es una de las organizaciones que convocó a marchar este sábado por la Ley de Financiamiento y por la Ley de Glaciares, junto a diversas organizaciones ambientalistas. Este viernes, promulgó la reforma a la Ley N° 27.804, que provoca un cambio sustancial en el régimen de protección de los glaciares y ambientes periglaciares en Argentina.
El principal cambio de la normativa es que le otorga a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. De esta forma, dejarán de estar cubiertos específicamente por esta legislación, aunque seguirán comprendidos bajo la Ley General del Ambiente y otras normas vigentes.
Por otro lado, la nueva norma también desplazó el control científico nacional, debido a que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hasta ahora tenía el rol principal en la identificación de glaciares, pasará a una función más acotada y registral.
A poco de la promulgación, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó al Estado Nacional a abstenerse de “aplicar, ejecutar o autorizar actos o decisiones que tengan fundamento” en la reforma de la denominada Ley de Glaciares”, en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, en tanto pueda implicar la habilitación de actividades susceptibles de afectar glaciares y/o el ambiente periglacial.