El Senado se prepara para una sesión atípica, sin acuerdo político y con la posibilidad de que el recinto se convierta en el nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y el Congreso. Sin haber alcanzado consensos en la reunión informal de este martes, el bloque de Unión por la Patria y bloques de opositores impulsan una autoconvocatoria para este jueves a las 14.

El temario anticipa una jornada cargada: mejora de jubilaciones, restitución de la moratoria previsional, declaración de emergencia en discapacidad, declaración de emergencia en Bahía Blanca y un paquete de leyes fiscales solicitadas por los gobernadores.
La maniobra preocupa a la Casa Rosada, que ya anticipó que vetará las iniciativas que comprometan el superávit fiscal. El Ejecutivo no quiere ceder ni un centímetro del relato del ajuste ordenado, y mucho menos validar normas que impliquen nuevos gastos estructurales.
El encuentro de este martes no fue considerado Labor Parlamentaria. Sin dictamen conjunto ni hoja de ruta acordada, cada bancada deberá contar sus porotos al momento de abrir el recinto. “Sin acuerdos, gana quien tenga el número”, reconoció un senador peronista. Pero incluso entre los impulsores de la sesión hay diferencias. Algunos senadores dialoguistas ya advirtieron que no acompañarán la moratoria y que quieren revisar artículos clave de la nueva fórmula jubilatoria.
Uno de ellos, al salir del encuentro, fue tajante: “No acompaño la moratoria. Y a la ley jubilatoria quiero hacerle correcciones. El jueves va a estar divertido el recinto”.
La tensión se potencia porque el pleno deberá validar o rechazar los dictámenes de comisión sobre los tres primeros proyectos, desconocidos por las autoridades del Senado por no ajustarse al reglamento. Si no se corrige el proceso, podría haber futuras impugnaciones judiciales.
Los proyectos que impulsan los gobernadoresA la declaración de emergencia en discapacidad y el aumento de las jubilaciones se sumarán dos iniciativas que los gobernadores empujan desde hace semanas: distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional y modificación del reparto del impuesto a los combustibles, incluyendo el vaciamiento de varios fideicomisos que en la actualidad administra la Nación.
Por fuera del menú fiscal y social, también se prevé una declaración del cuerpo sobre la situación de YPF. Una señal política más en una semana donde las leyes, los vetos y los números volverán a definir qué margen de poder real tiene el Congreso en la era Milei.