Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot fueron a la Justicia para intentar frenar la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que el Gobierno eliminó con el artículo 154 del DNU 70/2023. Buscan que, mientras se define el futuro de la norma, vuelvan a aplicarse los límites para la compra de campos por parte de extranjeros.

La presentación la hicieron ambos dirigentes como ciudadanos y habitantes, y no en su condición de diputados. Además de la cautelar, pidieron una medida interina urgente para evitar que nuevas operaciones puedan quedar consolidadas antes de que avance el expediente.
Qué plantean Pichetto y Massot sobre las tierras extranjerasUno de los principales argumentos es que las compras que se hagan mientras esté vigente el artículo 154 podrían quedar firmes, incluso si más adelante la Justicia o el Congreso cambian la situación. Además, advierten que sería difícil recuperar esas tierras si después pasan a manos de otras personas.
Por eso, además de pedir que se frene la derogación de la ley, Pichetto y Massot solicitaron que se mantenga actualizada toda la información sobre las operaciones. En concreto, pidieron que el Registro Nacional de Tierras Rurales siga funcionando y que el Ministerio de Justicia informe al tribunal, todos los meses, sobre las tierras compradas por extranjeros desde el 29 de septiembre.
También quieren que el Boletín Oficial publique un aviso para dejar constancia de que la validez del artículo 154 está siendo analizada por la Justicia.
Qué puede pasar ahora con la Ley de TierrasEl próximo paso será que la Justicia analice la medida interina solicitada y requiera al Estado el informe correspondiente. Después deberá resolver si suspende los efectos del artículo 154 mientras avanza la demanda principal o si adopta alguna de las medidas alternativas planteadas.
En paralelo, la Cámara de Diputados tiene solicitada una sesión especial para el 15 de octubre de 2026 que incluye el tratamiento del DNU 70/2023. El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024, pero ese rechazo por sí solo no alcanza para dejarlo sin vigencia.
Así, el futuro de la Ley de Tierras Rurales quedará atravesado por dos vías simultáneas: la decisión judicial sobre la cautelar y el debate pendiente en Diputados sobre el DNU