Pocas horas después de que la Corte firmó el fallo que favorece la venta de tierras argentinas, tres jueces se embarcaron hacia Francia. Son los magistrados que invitó el gobierno de Javier Milei para intentar mostrar ante inversores en París que el país goza de seguridad jurídica. Los camaristas deberán sentarse este viernes ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés) para mostrar las bondades del sistema de justicia vernáculo: no será una tarea sencilla cuando los miembros del máximo tribunal del país envían comunicado tratando de explicar sus fallos y son asediados por escraches cuando intervienen en actividades públicas.
La ICC dedicará buena parte de su mañana y su tarde a discutir sobre comercio internacional y seguridad jurídica. Habrá un bloque en el que se hablará del Acuerdo Mercosur-Unión Europa. En la segunda tanda harán su entrada en escena los jueces argentinos que deberán departir en una mesa sobre seguridad jurídica y Estado de Derecho como condiciones para el desarrollo de inversiones internacionales en la Argentina.
La elección de los expositores fue parte del mensaje. En Francia están, en este momento, Sergio Fernández, camarista y hombre fuerte del fuero contencioso administrativo federal, donde se dirimen todos los pleitos contra el Estado. La Casa Rosada buscará mostrar que no tiene frentes abiertos en esos tribunales. No es estrictamente cierto: en este momento, un juez de ese fuero reclama, en este mismo momento, que el Ministerio de Capital Humano pague los salarios y las becas en las universidades.
Junto a Fernández estará Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de General Roca. Gallego está a cargo del tribunal que tiene competencia sobre Vaca Muerta, la gallina de los huevos de oro. Llegó a ese cargo en 2012, después de pasar varios años como juez civil y comercial de Río Negro.
El tercer invitado es Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal porteña con asiento en los tribunales de Comodoro Py. Farah actualmente preside ese cuerpo. Por allí pasan todas las investigaciones que están en trámite en Retiro. Muchos de esos expedientes son protagonizados por parte del elenco estatal. Sin ir más lejos, Farah y Roberto Boico confirmaron recientemente los procesamientos que había dictado el juez Sebastián Casanello por los negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) –caso que podría incluso salpicar a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.
La presencia de Farah posiblemente esconda otro mensaje. Puede ser la muestra de que el Gobierno busca tender lazos con la Sala II de la Cámara Federal. Es, en todo caso, la más distante para la Casa Rosada. La Sala I acaba de ser renovada con la incorporación de Pablo Yadarola y la ratificación de Pablo Bertuzzi –que había llegado al tribunal por decisión de Mauricio Macri y sin mediar concurso–.
Los tres jueces ya estuvieron en una recepción que dio el embajador Ian Sielecki. Según dijeron las fuentes consultadas, no estaba previsto que Milei se reuniera con Gallego, Fernández y Farah.
Más allá de las actividades públicas con empresarios y con el presidente Emmanuel Macron, parece haber sostenido cierto encierro. Se lo vio participando por videoconferencia del encuentro del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA).
En esa intervención, fue consultado acerca de su impresión sobre el fallo de la Corte Suprema que repuso el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 –que derogaba la Ley de Tierras–. “Estamos de vuelta en una república. Hay división de poderes”, arrancó con una moderación pocas veces vista en él, que distaba de las versiones que emanaban desde el propio oficialismo y que buscaban instalar que eran ajenos a la agenda y al sentido de oportunidad del triunvirato que habita en el Palacio de la calle Talcahuano. “Me parece fantástico que falle lo que le parezca correcto –continuó– acorde a la Constitución”.
La ICC, a la que acudirán este viernes los tres camaristas invitados por el Poder Ejecutivo, no es un lugar menor en la búsqueda de negocios. Creada en 1919 –después de la Primera Guerra Mundial–, la ICC agrupa a más de 45 millones de empresas.
El Gobierno va a tratar de vender las bondades del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En caso de conflictos, el RIGI establece el arbitraje bajo las reglas de la ICC. Trascendió también que el Gobierno va a firmar una declaración conjunta con la ICC como una forma de mostrar su predisposición para generar condiciones favorables para el comercio y la inversión. Las fuentes oficiales consultadas dijeron que se trataba de una cuestión protocolar y no aportaron mayores detalles.
“Es difícil que hablen de seguridad jurídica con el descalabro que generaron los tres miembros de la Corte”, decía con ironía un camarista federal.
Para los integrantes del Poder Judicial, ésta dista de ser una semana apacible. La reunión de tribunales orales que se convocó en un hotel de San Martín de los Andes terminó bastante más agitada de lo previsto por un escrache que realizó la Asociación de Trabajadores del Estado ante la presencia de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Ricardo Lorenzetti se había ido antes. “Corte Suprema vendepatria”, decían los carteles que adornaban el lugar.