La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para lanzar una línea de crédito hipotecario generó un fuerte rechazo en el sindicalismo estatal. ATE, a través de su coordinador nacional en el organismo previsional y paritario nacional, Luciano Fernández, salió al cruce de la medida y advirtió que el Gobierno está desviando el patrimonio de los trabajadores para beneficiar al sistema financiero en lugar de fortalecer la seguridad social.
«El FGS no es una caja financiera del Gobierno ni de los bancos. Es patrimonio del sistema previsional y pertenece a los trabajadores», sentenció Fernández, en línea con lo expresado días atrás por el Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, que ya había calificado la iniciativa como «inconstitucional e inmoral». El dirigente remarcó el contraste entre esta decisión y las condiciones que atraviesa el sector pasivo: «Mientras se deterioran los ingresos de los jubilados, crece la informalidad laboral y aumenta el endeudamiento de las familias, el Gobierno decide utilizar estos recursos para fondear al sistema financiero».
El anuncio oficial contempla que el FGS licite hasta $2 billones en depósitos a plazo fijo de largo plazo entre los bancos, con el objetivo de que las entidades otorguen préstamos hipotecarios UVA con una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA. Sin embargo, desde ATE cuestionaron duramente las condiciones de acceso, al señalar que el propio ejemplo presentado por el Ministerio de Economía revela la naturaleza restrictiva del programa.
Según la simulación oficial, para acceder a un crédito de USD 80.000, que cubre el 75% del valor de una vivienda de USD 106.000, se requiere un ingreso familiar neto de aproximadamente $3,46 millones mensuales, con una cuota inicial estimada en $865.000. Fernández subrayó que este requisito «quedará lejos de una gran parte de las familias trabajadoras», en contraste con la política de vivienda impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que a través del PROCREAR permitió que más de 500.000 familias accedieran a créditos a tasas razonables, combinando financiamiento con desarrollo urbano y generación de empleo en la construcción.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007 como un mecanismo contracíclico destinado a sostener el pago de las jubilaciones frente a eventuales crisis económicas, y desde 2008, tras la estatización de las AFJP, pasó a administrar la totalidad de los fondos del sistema de capitalización. Según datos oficiales, en junio de 2026 el FGS contaba con $123,4 billones, un 8% menos en términos reales que en diciembre de 2023, aunque duplicó su valor en dólares al pasar de US$41.190 millones a US$83.900 millones.
El dirigente de ATE advirtió que los números que muestra el Gobierno respecto al crecimiento del FGS en los últimos tres años, vinculado al rendimiento de bonos y acciones argentinas, esconden la corrección retroactiva del tipo de cambio previa a la devaluación de diciembre de 2023 y desconocen decisiones clave. Entre ellas, mencionó la eliminación, por pedido del FMI, de los fondos fiduciarios destinados a la promoción de la vivienda social, la agroindustria, el transporte eléctrico, las energías renovables y la protección de bosques, además de la interrupción del programa de Créditos ANSES, que tenía un amplio alcance en la inclusión financiera de la población adulta mayor.
Desde ATE marcaron además el fuerte contraste con el modelo de política habitacional vigente durante la gestión kirchnerista. El PROCREAR, lanzado en 2012, entendía el acceso a la vivienda como un derecho y combinaba crédito, construcción, desarrollo urbano y generación de empleo. En cuatro años, más de 500 mil familias accedieron a créditos a tasas razonables, impactando no solamente en su calidad de vida, sino en un fuerte impulso al crecimiento de la industria de la construcción. En cambio, el esquema anunciado por Caputo canaliza los recursos del FGS a través de los bancos, que asumen el riesgo de cada operación, y establece condiciones que, por sus requisitos de ingreso, dejan fuera a una gran mayoría de los trabajadores.
Fernández fue contundente al cierre de sus declaraciones: «Argentina necesita crédito y necesita una política de vivienda. La discusión es al servicio de quién se ponen los recursos de la ANSES. Si se utilizan para garantizar negocios financieros o para fortalecer la seguridad social, el empleo, la producción y el acceso a derechos». En ese marco, el dirigente reclamó que las autoridades de ANSES y del Ministerio de Capital Humano den explicaciones ante el Congreso sobre los criterios y condiciones para la utilización de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en medio de un escenario en el que el FGS redujo drásticamente los préstamos para jubilados, una caída del 93% real luego de la suspensión de estos beneficios en 2024, mientras aumenta la proporción de inversiones en títulos públicos y acciones.