Las y los endeudados existen y son casi 20 millones, la mitad de la población. “Nadie les puso una pistola en la cabeza”, como afirma el Presidente; tampoco es necesario llegar a ese extremo. Basta con un ajuste brutal. Aunque Javier Milei lo niegue y argumente que es un problema de privados, las consecuencias de su política económica están a la vista. Aun cuando rodee el Ministerio de Economía y la Casa Rosada de policías y extienda un vallado interminable desde Avenida Colón hasta Plaza de Mayo, los endeudados están y ayer se hicieron escuchar en el centro porteño. La CGT, la UTEP y las dos CTA marcharon para presentar un petitorio al ministro Luis “Toto” Caputo y reclamar medidas frente al aumento de la morosidad. Pidieron respuestas ante un plan económico que ahoga a trabajadores del sistema formal e informal hasta alcanzar cuentas impagables para comprar comida o pagar el transporte.
Miles de personas agrupadas y no agrupadas se movilizaron pacíficamente hacia las inmediaciones del Ministerio de Economía. “El arma en la cabeza es el plan económico de Milei”, decían algunos carteles. Por primera vez, una masa heterogénea protestó por el ahogamiento económico y la morosidad. Mientras, desde el Hotel Alvear, Milei hablaba en el Council of the Americas y afirmaba que “el desempleo no aumentó, tampoco cayeron los salarios”, en la Plaza de Mayo los dirigentes de la CGT dejaban un petitorio en el Ministerio de Economía describiendo otro escenario: “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo”.

Guadalupe LombardoLa morosidad no distingue; alcanzó a trabajadores independientes, formales, sindicalizados o cuentapropistas. En Argentina, ya son seis millones las personas que están en esa condición ante el sistema bancario y las billeteras virtuales con el único fin de sobrevivir mes a mes. Existe un número aún más grande, del que no hay cifras, y tiene que ver con el sistema clandestino, los prestamistas de los barrios que, según denuncian las organizaciones sociales, muchas veces están vinculados con el narco o la criminalidad. “Este petitorio es para que el Gobierno dé una solución en lo inmediato. Son los responsables de esta crisis económica que se agudiza y alcanza situaciones críticas entre las familias”, aseguró Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT.
Hay una emoción ligada al endeudamiento: la vergüenza. Sobre todo en la clase media, poco acostumbrada a las formas que traen los vientos libertarios. “Me metí en deuda con plataformas virtuales porque te dicen que pagues en cuotas, pero después te matan con intereses. Le terminé pidiendo plata a mi vieja para cancelar esa deuda, me da vergüenza decirlo”, admitió Gabriel, un docente que tiene dos hijos, alquila y ayer estuvo en Plaza de Mayo. “Laburo todo el día, pero las cuentas no dan, no se puede”, se quejó. “El Gobierno solamente le da respuestas a los grupos concentrados de la economía. A nosotros nos aumentan todo. Con inflación del 30 por ciento te hacen 100 por ciento de intereses, cómo puede ser que les permitan eso a sus amigos. Es una estafa”, agregó.
Ese es uno de los puntos que reclamaron las centrales obreras: que el Banco Central cumpla con su rol de regulador de los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras, billeteras virtuales. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en esas dos últimas opciones alcanzó el 29,6 por ciento, un número que superó los registros de la pandemia. Son niveles que triplican al de los bancos tradicionales y que afectan principalmente a jóvenes y a sectores de menores ingresos, que se endeudan para gastos cotidianos. Hay tres empresas que concentran el 40 por ciento de los préstamos en mora y Marcos Galperín está ahí: Tarjeta Naranja, Naranja Digital Compañía Financiera (ambas con capital accionario del Grupo Galicia) y Mercado Libre.

Guadalupe LombardoUna característica del reclamo es la transversalidad generacional. Martina tiene 32 años, vivió en el exterior y regresó al país; quiso vivir de nuevo cerca de los suyos. Es abogada y terapeuta, pero tardó un año en conseguir trabajo. “Fue una búsqueda activa, desesperante. Me endeudé con mi familia”, contó. Además, reflexionó sobre la nueva categoría de protesta social que emerge: “Hay un nuevo sujeto político, la persona endeudada. Se vive con mucha vergüenza, y se genera esta sensación de existir debiendo. Es un sistema político que te acorrala”.
Ana tiene 70 años, es docente y, a pesar de que ya está en edad de vivir de su jubilación, sigue trabajando. Tal como lo hacen 27.000 jubilados, que tuvieron que reinsertarse en el mercado de trabajo con más precariedad porque no les alcanzaba el dinero. “La deuda tiene que condonarse, no se puede pagar más. Es este Gobierno comprometido con intereses internacionales el que nos está haciendo eso. Tomamos un préstamo para pagar otros préstamos, para comer. Es una locura”, dijo la mujer que se movilizó a pesar del frío. Otro de los reclamos de las centrales obreras fue un programa de refinanciación de deudas “que atienda el alarmante nivel de morosidad, incluyendo niveles de tasa acordes a la evolución de los ingresos”.
A member of the political group Libres del Sur holds a sign reading "Indebted families" during a protest against Mercado Libre creator Marcos Galperin due the usurious interest rates over debts of impoverished users within the government of Argentina's President Javier MileAFP -. AFPLa crisis de las PyMESPara Milei el endeudamiento “es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo” y entiende que su gobierno no tiene que interceder porque “es pasarle la cuenta a todos los demás”. “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, dijo semanas atrás. Sin embargo, no habló nada sobre el ahogo a las empresas y el impacto que eso tiene en el empleo. Según el último registro oficial de empresas con aportes al SIPA, en mayo en Argentina cerraron tres empresas por hora. Es decir, dejaron de funcionar 2.371 unidades productivas, lo que eleva la pérdida acumulada a 8.438 en lo que va del año.
Es por eso que las Pymes también se movilizaron ayer por la mañana para reclamar la emergencia en el sector. “Mientras se funden las 30.000 Pymes de todo el país, los gobernadores miran para otro lado; tienen que ordenar a sus diputados y senadores que voten la ley de Emergencia en el Congreso de la Nación”, dijo Leo Bilansky, director de mundoempresarial.ar y miembro de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), una de las organizaciones que impulsó la marcha junto con Apyme y la Fundación Pro Tejer. Este tema también fue incluido en el petitorio de la CGT, que reclamó analizar la situación de endeudamiento “que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo”.
Un freno al abusoEn el Congreso, la oposición tiene 28 proyectos que intentan abordar la situación de las familias y empresas endeudadas. Sin embargo, La Libertad Avanza no solo no hace nada, sino que intenta bloquear su tratamiento en comisión. Mientras tanto, hay algunas iniciativas sueltas en provincias como Buenos Aires o La Rioja. Ayer, Axel Kicillof informó que abrieron un expediente de investigación para las billeteras virtuales, después de confirmar que, solo en el primer semestre, se recibieron 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por “incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”.
Por su parte, Ricardo Quintela declaró por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a las operaciones de crédito para consumo y firmó un DNU que crea un régimen de intervención más fuerte del Estado frente a prácticas abusivas, “establece mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización y habilita instancias de conciliación para abordar situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto insostenibles”.
La lucha por no endeudarseAníbal tiene 49 años y se acercó a la marcha por la preocupación que le genera ver a su entorno endeudado. “Yo trabajo de manera formal, intento no endeudarme, pero me privo de muchísimas cosas, yo y mis hijos. No es lógico ni justo”, dijo el hombre.
Cerca de él estaba Liliana, de 73 años, que trabajó toda su vida y se jubiló como monotributista tras pasar años en su consultorio de psicóloga. “Mi hijo es docente, alquila y es padre. Ya está, no llega nunca a fin de mes”, contó la mujer. “El otro día me decía que iba a sacar un préstamo y le pedí que se fije bien, que intente evitarlo. Y hay algo peor: trabaja todo el día. Cuando llega, su hija está dormida. Si no nos dan de comer y la plata no alcanza, no podemos ni estar con nuestras familias”, agregó y dejó en evidencia los costos del modelo libertario: sin comida, con deudas y sin tiempo para los afectos.