El Ministerio de Capital Humano insiste con que el gobierno de Javier Milei no está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, pero en las casas de estudio se evidencia otra realidad. Hace ya 300 días se publicó en el Boletín Oficial la norma que garantiza los fondos para el funcionamiento y los sueldos docentes y no docentes, y la comunidad académica denuncia una estrategia del Poder Ejecutivo para eludir su obligación. Esta semana habrá paro desde hoy hasta el sábado, de la Conadu Histórica, y una concentración frente al Palacio Pizzurno, el miércoles a las 11, entre otras acciones en todo el país (ver nota aparte).
“Aún con el aumento que hubo en junio, los salarios siguen retrasados y ni siquiera han recuperado poder adquisitivo por encima de la inflación”, advierte en diálogo con Página/12 la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade.
En octubre pasado el Congreso ratificó la Ley N° 27.795, tras rechazar el veto presidencial, pero desde entonces el oficialismo libertario continúa con diversas estrategias legales para dilatar su cumplimiento. Con recursos y salarios insuficientes, los gremios denuncian que el funcionamiento universitario no puede seguir bajo estas condiciones.
“La situación persiste en un declive pronunciado que no es un error ni un mal cálculo de un funcionario de turno, sino un plan sistemático de destrucción de las capacidades de producción de conocimiento soberanas de la Argentina”, sostuvo a este diario el profesor de la UBA y referente gremial de docentes universitarios, Federico Montero.
El Gobierno se escuda tras el acta paritaria firmada en junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), concebida en su momento como un primer paso para destrabar el conflicto. Aquel acuerdo otorgó un aumento salarial del 24,33%, muy lejos del 55% necesario para la recuperación del poder adquisitivo perdido desde diciembre del 2023. Con ese paliativo, el oficialismo hace oídos sordos a las órdenes de la Justicia Federal y aún no paga lo que debe.
Por su parte, la doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, explicó que el Poder Ejecutivo dirigido por Javier Milei incumple lo planteado por los Poderes Legislativo y Judicial, y esto implica “un importante deterioro para la democracia misma, para el funcionamiento de la República”.
Para Arias, antes del 2023 las universidades públicas de Argentina, “si bien tenían muchísimas cuestiones para mejorar, eran una joya del pueblo argentino”, con prestigio internacional y formación de personas de todas las edades y todos los orígenes geográficos y económicos. Hoy, el profundo recorte libertario deteriora el sistema. Los reclamos ni siquiera son en términos de crecimiento sino de continuidad, supervivencia.
Para la vicedecana Morgade, “desde el punto de vista estrictamente jurídico, debe haber alguna parte del Poder Judicial que asesore al Gobierno con artilugios, estrategias para eludir el cumplimiento de la ley”. Además determinó que el no cumplimiento de la ley es un tema centralmente político, en el sentido de “quién dará el brazo a torcer”. Las multitudinarias marchas nacionales han demostrado que, para la población, está claro que las universidades públicas no son negociables.
Mientras tanto, el sistema se sostiene gracias al esfuerzo de trabajadores que, en gran medida, perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. Según el CIN, desde que asumió la presidencia Javier Milei más de diez mil docentes e investigadores renunciaron a sus cargos en universidades nacionales. Solo en la Facultad de Ciencias Exactas hubo 438 renuncias, y en la UTN más de 1000.
El vaciamiento es evidente: aumenta el pluriempleo, se pierde personal altamente capacitado y se descartan como basura líneas enteras de investigación. “De estas políticas de recorte se desprenden algunos efectos que no son inmediatos, pero también hay que nombrarlos”, sostuvo Morgade, quien señaló la relación entre el estado actual de las universidades, con la formación de profesionales y el futuro de la juventud que hoy peligra.
Bajo este panorama, la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocó a una movilización este miércoles 19 de agosto, frente al Palacio Pizzurno, para exigir el cumplimiento de la ley. El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, expresó que “una ley no es una sugerencia ni una simple carta de intenciones: es un mandato obligatorio del Estado.” Y resaltó que “ya han pasado 300 días, 42 semanas, casi 10 meses, 7.200 horas y 432.000 minutos sin que el Presidente se digne a cumplir con su deber”.
El CIN denunció en un comunicado que en estos 300 días “la red de hospitales escuelas y facultades de Ciencias Médicas de las universidades nacionales atiende a más de 1,5 millones de pacientes, realiza cirugías de alta complejidad y forma a las y los futuros profesionales del país. La medicina y el compromiso social salvan vidas en cada rincón de la Argentina”. Por lo que “dejar sin financiamiento a quienes nos cuidan no tiene justificación”.
La decana de la UBA recordó que el gobierno se jacta de odiar las ciencias sociales, pero desfinancia todo tipo de ciencias que tengan base y desarrollo nacional. “Le han llamado cientificidio porque estamos viviendo efectivamente ese proceso, y no queda otra que seguir insistiendo como pueblo en que el gobierno cumpla la Ley”, determinó Arias.
Desde las redes de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (Conadu), expresaron que “nos dicen terroristas, pero el único que atenta contra la ley es el gobierno nacional”. Este mes, durante una entrevista televisiva, el Presidente calificó de “terroristas disfrazados” a estudiantes, docentes e investigadores del país. Para Conadu este no es un exabrupto casual, “porque la universidad pública representa todo lo que este Gobierno teme: un pueblo que piensa”.