Más allá de la liberalización económica y la apertura comercial, el Gobierno nacional decidió abrir una investigación por presunto dumping en la importación de torres eólicas industriales de acero provenientes de China, las cuales habían llegado al país con un subsidio de al menos el 46% de parte de esa nación asiática.
La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por la empresa Gri Calviño Towers Argentina S.A. La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución 218/2026 publicada en el Boletín Oficial. El detalle del denunciante no es menor, ya que la empresa es el resultado de la unión del gigante español Acek con la metalúrgica nacional Calviño, una sociedad anónima de más de 75 años de trabajo en el país.
Lo cierto es que la investigación se centrará en las torres eólicas de una altura mínima de 50 metros y buscará determinar si las importaciones chinas ingresaron al país bajo “condiciones de competencia desleal” que perjudicaron a los fabricantes locales y comprometieron el empleo y la producción nacional.
La Comisión Nacional de Comercio Exterior concluyó que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y estimó un margen promedio ponderado de dumping del 46,39% para las operaciones de origen chino.
Según el informe técnico del organismo, los precios de las torres importadas resultaron significativamente inferiores a los de la industria local. Durante 2025, la subvaloración detectada osciló entre el 31% y el 38% respecto de los valores comercializados por la empresa denunciante.
En ese contexto, la CNCE advirtió que “esta presión de precios provocará un deterioro de los precios reales de venta, especialmente ante los proyectos ya adjudicados, provocando un deterioro real en la rentabilidad de la industria nacional”.
Aunque el organismo descartó la existencia de un daño consolidado durante el período analizado, debido a que la producción local logró recuperar participación en el mercado durante 2025, sí alertó sobre una posible “amenaza de daño” para el sector.
Al justificar la apertura del expediente, el Gobierno sostuvo que “la presencia en el mercado local de las importaciones chinas en condiciones de subvaloración de precios podría estar afectando y podría continuar afectando los volúmenes de producción de la rama de producción nacional y, por ende, el grado de utilización de la capacidad instalada y los niveles de empleo que han mostrado una relevante disminución”.
Además, remarcó que la adjudicación de proyectos a exportadores chinos durante el primer semestre de 2026 derivó en la paralización de la planta de la firma denunciante.
La recopilación de información abarcará entre marzo de 2025 y febrero de 2026, mientras que las partes interesadas tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida ante la CNCE.