Cuando a fines de abril la pila de deudas parecía irremontable, Marisa Agis pensó por primera vez en bajar definitivamente la persiana. El Hogar Promover, que ella dirige y le brinda asilo y terapias de rehabilitación a niños con distintas patologías graves, atravesaba su peor momento en 40 años de trayectoria. El programa Incluir Salud --la obra social estatal de las personas con discapacidad y cueva de las coimas de Spagnuolo & Cía-- no les pagaba un sólo peso desde diciembre. Marisa salió a tocar las puertas de los juzgados de menores responsables de los 18 niños que duermen en la institución y de cuanto donante privado se le cruzó. Hasta que, finalmente, el Estado pagó una parte de las prestaciones retrasadas. “Este gobierno nos tiene así: te pone la soga al cuello, te aprieta, te suelta y te vuelve a ahogar. La emergencia parece no terminar nunca”, le cuenta a Página/12.
El de Marisa no es un caso aislado. El retraso del Incluir Salud (IS) en los pagos a los prestadores llegó a ser de seis meses en algunos casos. Ya en febrero, último dato disponible, la deuda con el sistema era de casi 70 mil millones de pesos, y contando. El impacto es mayor en las instituciones que dependen de la obra social estatal, como sucede con el propio Promover, cuyos pacientes son en su enorme mayoría chicos de bajos recursos que se atienden por IS.
En el interior del país, la proporción del retraso en aún mayor. En Córdoba, por citar otro ejemplo, las organizaciones tuvieron que acudir a la justicia y lograron una medida cautelar para que el Gobierno movilizara los fondos, aunque la situación aún no se regularizó del todo. Incluso hubo marchas para exigir los pagos.
“Recién ahora, en julio, nos pagaron marzo. Antes también había retrasos, pero nunca de esta manera”, dice Marisa. ¿Cómo se hace para sobrevivir? “Apelamos a donaciones, a deudas propias. También recortamos gastos. Hacemos malabares para pagar sueldos y cumplir con nuestros proveedores. No siempre lo logramos“, describe.
Los atrasos en los pagos, sin embargo, no son el único problema del sistema. A un año de la sanción de la Emergencia en Discapacidad en el Congreso, el panorama sombrío se extiende sobre la mayoría de las instituciones y sigue golpeando a las personas con discapacidad y sus familias, que son en última instancia quienes necesitan los apoyos para sostener una vida digna.
Doce meses después de la sanción de la ley --el Senado la aprobó por mayoría abosluta el 10 de julio de 2025-- el Gobierno solo cumple --a regañadientes-- con unos pocos artículos de la norma. Por ahora sólo está vigente la actulización mensual de los aranceles de acuerdo al IPC del INDEC. Pero lo hace sobre la base del ajuste acumulado durante todo 2024 y 2025, cuando el valor de la hora de los profesionales y las terapias estuvo congelado. La ley establecía una admisión de esa deuda y una recomposición rectroactiva, que las organizaciones calculan que es de por lo menos un 40 por ciento. Eso genera que los aumentos, aunque necesarios, resulten insuficientes.
Las consecuencias de ese ajuste de hecho es que las terapias pierden calidad, porque los profesionales renuncian y buscan otros rumbos; las instituciones, además, se endeudan por demás con cualquier ventanilla de préstamo que consigan para seguir a flote, al tiempo que recortan sus prestaciones.
“Los hogares están en una situación calamitosa. Los centros de día no pueden mantener la infraestructura, por lo que muchos cerraron y otros, en vez de atender los cinco días, atienden tres. Para las familias es un descalabro tremendo, porque uno tiene que laburar, intentar seguir con su vida, pero te la hacen imposible. Qué más se puede decir sobre eso de este tipo de insensibilidad a la que nos tiene acostumbrado este gobierno”, resume la situación la actriz y activista Valentina Bassi, una de las voces públicas del colectivo.
Otro de los sectores en crisis es el de los transportistas. A ellos los complica sobre todo otro incumplimiento del Gobierno: la ley establece que la Secretaría de Discapacidad (ex Andis, hoy Senadis) debe realizar un estudio de costos de las prestaciones (comida, viáticos, insumos, etc), más allá de los salarios. Hasta ahora no lo hizo. Y en el caso de las empresas que transportan a las personas con discapacidad, eso se traduce en números que hablan por sí solos: un transportista cobra $865 pesos el kilómetro, cuando el valor de la nafta está por encima de los $2300.
“Nosotros estamos haciendo nuestro propio relevamiento de costos, pero es la Senadis la que tiene que hacerlo y no lo hace”, dice al respecto Pablo Molero, transportista y representante de la sociedad civil en el directorio que discute el valor de los aranceles.
Pensiones: ajuste y crueldadUno de los capítulos clave de la Emergencia fue el referido a las pensiones por discapacidad. La ley choca con los decretos previos de la gestión libertaria que habían repuesto el “modelo médico” de la discapacidad previo a la convención de la ONU, en los años 90s, y que endurecía los requisitos de acceso.
El cálculo de la Oficina de Presupuesto, durante el debate parlamentario, dio como resultado una estimación de por lo menos 400 mil nuevas pensiones en los próximos años. Lejos de eso, el gobierno ya recortó unas 110 mil en dos años y medio.
Pero además, tal como reveló Página/12, la administración libertaria congeló los trámites y dejó al 95 por ciento de las personas que pidieron acceder al beneficio en un limbo: no las rechazó, sino que directamente no contestó.
De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en base a información oficial, unas 227.354 personas ciegas, sordas o con discapacidad intelectual o motriz todavía esperan una resolución a su pedido de obtener el beneficio. En algunos casos, la espera data de 2020, más de seis años.
De ese total de trámites sin solución, más de 90 mil fueron iniciados durante la gestión actual. La gestión libertaria sólo contestó 10 mil.
En pleno plan motosierra, previo a la sanción de la ley, hubo además unas 500 mil pensiones en riesgo por la propia impericia del Gobierno: casi la mitad de las cartas documento de la audtoría encargada por Spagnuolo tuvieron problemas para llegar a los domicilios de los afectados.
Mientras tanto, el Gobierno sigue hablando de “fraude” e impulsa su propio proyecto para volver al sistema anterior.
Una larga luchaAquel 10 de julio, el colectivo de familias y organizaciones que habían impulsado la ley --y que llenaron la plaza ese día-- creyeron que habían llegado al final del recorrido: habían conseguido, después de tanto pelarla, una norma que les garantizaba recursos para que las instituciones de apoyo no quebraran y que restablecía un piso básico de derechos, a resguardo del plan motosierra. Esa sensación de alivio duró muy poco: a la aprobación en el Congreso le siguió un veto total por parte de Javier Milei, la posterior insistencia parlamentaria por dos tercios y una reglamentación tramposa, sin fondos. En medio, decenas de movilizaciones. No hubo caso: un año después, la ley sigue judicializada.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le dio la razón a un matrimonio con dos hijos con TEA que pidieron la plena implementación de la ley. Dictó una cautelar obligando al gobierno a dotar de fondos a la emergencia, bajo apercibimiento de sanciones económicas para los funcionarios. El Gobierno apeló y desde marzo el expediente duerme en la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.
El Gobierno, además, ya avisó que en paralelo a presentar su propia ley, intentará derogarla en el presupuesto 2027, algo que ya había intentado el año pasado, sin éxito.
En ese marco, organizaciones como REDI, la APDH y otros expresaron su “profunda preocupación por el incumplimiento de la ley y solicitamos que se garantice una respuesta judicial oportuna y efectiva frente a la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los servicios que las acompañan”.