El acuerdo que alcanzaron rectores y gremios docentes con el gobiero divide las aguas al interior de la comunidad universitaria.
De un lado, quienes celebran una mejora en los bolsillos de trabajadores que atraviesan una situación realmente límite, lo mismo en las becas estudiantiles y en los gastos de funcionamiento; más la liberación de una partida de dinero para hospitales universitarios que hoy están restringiendo su atención por falta de recursos.
Del otro, quienes denuncian que lo que se hizo fue ceder a una extorsión, y que la Corte Suprema -en cuyas manos está hoy la decisión sobre una ley doblemente ratificada por el Congreso e incumplida por el gobierno- tiene ahora los elementos para planchar el tema ad aeternum, una vez que se sacó de encima el argumento de la urgencia y el peligro en la demora.
De ese lado están quienes incluso encuentran en una presión de los Supremos el origen de esta repentina “apertura de billetera”, en un Ejecutivo que se niega a hacer lo mismo en otros temas acuciantes como discapacidad.

Del otro, quienes razonan que fue la impresionante movilización y apoyo ciudadanos, el prestigio y el valor que en este país mantiene la universidad pública, laica y gratuita, los que torcieron voluntades y climas políticos para lograr abrir esa billetera.
Unos y otros coinciden, eso sí, en que el acuerdo no es suficiente y tampoco es un punto de llegada: el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento es el objetivo a alcanzar.
Cómo seguir dando esa lucha, cuánto la “acalla” o no un acuerdo paliativo de por medio, cuánto sirve o es posible un planteo de paro por tiempo indeterminado como respuesta, qué nuevas estrategias “inventar” para movilizar, son los temas a resolver en este presente post acuerdo, cuando el salario del 85% de las y los docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza.
En lo inmediato, la Conadu levantó las medidas de fuerza tras el acuerdo, pero la Conadu Histórica y la Asociación Gremial Docente de la UBA ratificaron que esta será otra semana completa de paro.
Mientras tanto familias, estudiantes y docentes de colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata, junto a referentes de AGD y Feduba, lanzaron la campaña por un petitorio a la Corte Suprema, para que se expida en forma urgente a favor de la ley.
Qué se acordóEn lo salarial, la paritaria rubricada por representantes gremiales incluye un aumento del 21,33% en junio, otro 3% en octubre y la promesa de paritarias en septiembre. En bruto, desde junio la dedicación exclusiva pasa a 1 millón y medio de pesos; la semi 750 mil pesos; la dedicación simple 375 mil pesos.
Además, los rectores acordaron una suba del 50% en las becas estudiantiles y un 20% en gastos de funcionamiento. Y una partida de 50 mil millones de pesos para las hospitales universitarios.
El aumento alcanzado es cerca de la mitad del que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena tener en cuenta la inflación acumulada desde que asumió Milei. Se calcula que para empatar con diciembre de 2023, el incremento debería rondar el 53 %. En todo este tiempo, y hasta este acuerdo, el gobierno se ha negado sistemáticamente a abrir paritarias.
Esto significa cosas muy distintas al interior de un heterogéneo sistema universitario. Mientras que para una parte de los docentes y no docentes hoy es concretamente la diferencia entre llegar o no a fin de mes, endeudarse más o menos para las compras más básicas, para otros casi no impactará en sus recibos de sueldo.
Es el caso de las y los docentes con doble dependencia, profesores y a la vez investigadores. Como Conicet paga sólo la diferencia, buena parte de este aumento se la “come” su doble dependencia.
Si, por ejemplo, un docente de dedicación exclusiva está ganando 1 millón 200 mil pesos, y su sueldo Conicet es de 1 millón y medio, hoy Conicet le paga a ese profesor e investigador los 300.000 de diferencia. Si con este aumento su salario docente pasa a ser de 1 millón y medio, Conicet ya no paga esa diferencia: queda “absorbida” en la doble dependencia. El incremento según los casos es mínimo, o nulo.
Se trata de un promedio salarial real actuale para científicos y científicas argentinas que tienen una formación académica de diez años para arriba, y que por tener estos cargos no pueden sumar otros ingresos.
La mayoría de los profesores con dedicación exclusiva de Exactas, por ejemplo, están en esta situación.
En la UBA, en esta facultad se dio una situación extrema en dos carreras, Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación, donde en este primer cuatrimestre casi no hubo cursada.
Becas y hospitalesSobre las becas estudiantiles “Manuel Belgrano”, la actualización lleva el monto, que estaba congelado en 81.685 pesos, a 122.527. Este incentivo económico está pensado para jóvenes de bajos ingresos que estudian tecnicaturas o carreras de disciplinas específicas.
El caso de los hospitales es límite: en mayo, los directores de los tres hospitales de la UBA dieron una inusual conferencia de prensa para denunciar que el Gobierno nacional aún no había enviado partida alguna para el funcionamiento de estos centros de salud que atienden más de 700 mil pacientes por año. Calcularon entonces que tenían recursos para funcionar por 45 días más.
Las universidades de Córdoba, La Rioja y Cuyo -en Mendoza- también tienen hospitales escuela; los 50 mil millones de pesos se deben liberar de acuerdo a una fórmula de distribución establecida en el acuerdo.
Las voces“Fue un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente. Estamos totalmente abocados a sostener el proceso judicial reclamando la implementación plena de la ley”, plantea a Página/12 Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad de Rosario.
“No da lo mismo poder encontrar un alivio ahora para mucha gente que seguir esperando. Y no resignamos nada”, asegura, recordando el modo en que el gobierno intentó poner dos veces sobre la mesa de discusión la condición de bajar el reclamo judicial, rechazada de plano por ser “el límite de cualquier discusión”. “Hoy tenemos la responsabilidad de sostener en pie la universidad pública argentina, hasta un mejor contexto”, sintetiza.
En la misma línea, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, valoró la “novedad” de la apertura al diálogo por parte del gobierno, pero planteó: “No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque nosotros planteamos que el gobierno tiene que cumplir la ley”.
El gremio AGD UBA fue uno de los que llevó el mandato de rechazo de su asamablea al acuerdo: “La mayor preocupación es qué pasa ahora con la ley: los rectores dicen que la cautelar no se baja, pero no es menos real que le dieron a la Corte Suprema más elementos para tomarse todo el tiempo para fallar e incluso no fallar nunca”, razona Laura Carboni, su secretaria general.
“Haber aceptado es regalarle el triunfo al gobierno, es bajarle la efervescencia a la lucha”, reclama. “Los rectores accedieron a la extorsión del gobierno y por más que digan que sigue la lucha, lo que hacen es darle una tregua al gobierno”.
“Los gremios se posicionaron a favor de llevar algún alivio al bolsillo de los compañeros y las compañeras, pero con la necesidad de no cesar en la lucha por la recomposición salarial, que ha tomado la forma de una ley”, asegura, en cambio, la secretaria General de Conadu, Clara Chevalier, una de las firmantes del acta paritaria. “No pensamos barrer el 2024, que es el año en el que más perdimos, debajo de la alfombra. Tenemos que encontrar la forma en la que trabajemos recuperar lo perdido”.
A diferencia de la Conadu Histórica, la Conadu decidió suspender el paro de esta semana y “mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la ley”.
Dentro de la Condadu, Feduba, uno de los sindicatos de docentes de la UBA, votó en contra del acuerdo: este gremio realizó una consulta entre sus afiliados y, sobre 986 participantes, el 87% lo rechazó.
“Le hemos sacado al gobierno la paritaria, que es lo más importante. También le sacamos un compromiso de tratar en una comisión la recuperación del Fonid. De ninguna manera vamos a resignar la cautelar, ni la ley ni la recomposición del poder adquisitivo del salario”, defiende Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias y paritario Ctera.
El punto del Fonid es vital para los docentes de colegios preuniversitarios, con un salario doblemente recortado. Claramente excede al conflicto universitario: se trata del incentivo que cobraban todos los docentes de inicial, primaria y secundaria del país, tanto de gestión estatal como privada subvencionada, y que Milei dio de baja apenas asumió la presidencia