La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva medida de prueba considerada clave por los investigadores: la extracción del contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones en una vivienda del funcionario y que aseguró haber percibido unos 245.000 dólares por esos trabajos.
Fuentes judiciales señalaron que la extensa información obtenida del dispositivo ya se encuentra bajo análisis, tras la exitosa extracción. Mientras tanto, el fiscal ya trabaja en el requerimiento de justificación patrimonial, un paso anterior a la indagatoria en las causas por enriquecimiento ilícito.
El objetivo es reconstruir las comunicaciones mantenidas entre Tabar y Adorni, así como revisar documentación relacionada con las obras realizadas en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La pericia había sido ordenada luego de que el contratista entregara voluntariamente su teléfono y brindara acceso al contenido almacenado.


Los investigadores buscan especialmente determinar el alcance de los intercambios entre ambas partes y verificar si existen mensajes, archivos o registros que permitan corroborar aspectos relevantes de la declaración testimonial incorporada al expediente. Según había relatado Tabar ante la fiscalía, antes de prestar declaración recibió contactos por parte de Adorni a través de WhatsApp.

El contratista sostuvo que el funcionario le manifestó su intención de conversar con él y que incluso le ofreció asistencia vinculada con su comparecencia judicial. Esa circunstancia llevó a los investigadores a ordenar un análisis exhaustivo del dispositivo.
Además de las comunicaciones recientes, la Justicia procura reconstruir los intercambios relacionados con la contratación, ejecución y pago de las remodelaciones que el testigo describió durante su declaración. Tabar afirmó que los trabajos fueron abonados en efectivo y detalló diversas intervenciones realizadas en la propiedad.
La medida se enmarca en la causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes también avanzan sobre otros aspectos patrimoniales del funcionario, entre ellos movimientos financieros, operaciones con activos digitales y gastos vinculados a viajes y reformas inmobiliarias.
Con la información extraída del celular ya disponible, los investigadores esperan determinar si los registros digitales aportan nuevos elementos para esclarecer el origen de los fondos utilizados en las obras y el vínculo mantenido entre el contratista y el jefe de Gabinete.