Apocas semanas del inicio del juicio oral más importante de los últimos años en la Argentina, la Justicia Federal de Corrientes pondrá nuevamente un pie en el lugar donde todo comenzó. El próximo 19 de mayo de 2026 se realizará la inspección ocular definitiva en la casa de Catalina Peña, el naranjal y los distintos sectores rurales de la localidad de 9 de Julio donde desapareció Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024.
La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes como antesala técnica del juicio oral y público que comenzará el 16 de junio de 2026 y que sentará en el banquillo a 17 imputados, divididos entre los acusados directos de la sustracción y ocultamiento del menor y quienes habrían integrado una estructura paralela destinada a manipular pruebas, direccionar testimonios y desviar la investigación judicial.
La inspección judicial volverá a colocar bajo análisis el escenario exacto donde Loan fue visto por última vez con vida: el almuerzo familiar en la casa de la abuela Catalina, la caminata hacia el naranjal, los recorridos internos del monte y las zonas donde aparecieron objetos del niño en circunstancias aún discutidas por las partes.

Pero esta vez no se tratará de un simple rastrillaje. El tribunal buscará fijar definitivamente las distancias, tiempos, visibilidad, trayectorias, capacidad de desplazamiento y posibilidades materiales de cada hipótesis investigativa antes de ingresar al debate oral.

El debate oral comenzará formalmente el martes 16 de junio de 2026. La magnitud institucional y probatoria del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña obligó a la Justicia Federal a adoptar una integración excepcional del Tribunal Oral Federal de Corrientes.
El debate será encabezado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, integrante habitual del TOF de Corrientes; Eduardo Ariel Belforte, juez proveniente del TOF de Formosa (designado para este caso); y Simón Pedro Bracco, juez del TOF de Río Negro, quienes tendrán a su cargo la conducción de uno de los procesos penales más complejos y sensibles de los últimos años en la Argentina. Pero además, y ante la extensión prevista del juicio —con más de 160 testigos, múltiples imputados y una estructura procesal de enorme complejidad—, fue designado un cuarto magistrado en carácter de juez sustituto: Enrique Jorge Bosch, integrante del TOF de Resistencia, Chaco.
Su incorporación responde a una finalidad estrictamente procesal e institucional: garantizar la validez y validez del debate oral frente a cualquier eventual impedimento, enfermedad, recusación o imposibilidad sobreviniente de alguno de los jueces titulares. La figura del juez sustituto, prevista para procesos de larga duración, busca evitar nulidades, interrupciones traumáticas o la eventual caída del juicio después de meses de producción probatoria, asegurando así estabilidad jurisdiccional y preservación del principio de inmediación en un caso que mantiene en vilo a todo el país.

La acusación será sostenida por el Ministerio Público Fiscal con intervención del fiscal federal Carlos Schaefer y equipos especializados en criminalidad compleja. Los padres de Loan estarán representados por el estudio jurídico del autor de esta nota con equipo formado por la Dra. María Belén Russo Cornara, Dra. Evangelina Sierra Mosca, Dr. Hernán Danzi, Dra. Magalí Gomez Scardino, Dr. Mariano Fragueiro Frías, Diego Álvarez Bognar, Dr. Felipe Salavarezza y Dr. Victor Elizalde Ollague.
En total serán juzgadas 17 personas. Siete de ellas enfrentan cargos vinculados directamente con la desaparición del menor bajo la hipótesis central de sustracción y ocultamiento de un niño menor de diez años, figura prevista en el artículo 146 del Código Penal argentino, cuya escala penal oscila entre cinco y quince años de prisión.
La fiscalía sostiene que no existió un extravío accidental en el monte, sino una acción coordinada de múltiples personas que habrían retirado deliberadamente al niño de la esfera de custodia familiar.

Los siete imputados por la desapariciónEntre los acusados principales aparecen:
— Laudelina Peña, tía del niño
— Bernardino Antonio Benítez
— Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez
— Mónica del Carmen Millapi
— María Victoria Caillava
— Carlos Guido Pérez
— El excomisario Walter Adrián Maciel
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La hipótesis fiscal sostiene que el grupo actuó de manera coordinada durante las horas críticas posteriores al almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña. Laudelina Peña aparece señalada como una de las personas que habría contribuido a instalar hipótesis falsas para desviar la investigación, particularmente la teoría del supuesto accidente vehicular.
Carlos Pérez y María Victoria Caillava continúan ocupando un lugar central en la acusación. Los fiscales consideran que ambos habrían tenido participación activa en la extracción del niño de la localidad mediante vehículos particulares sometidos posteriormente a pericias odorológicas y rastros biológicos.
Por su parte, el excomisario Walter Maciel enfrenta acusaciones muy graves. El Ministerio Público sostiene que desde su posición institucional habría contribuido a retrasar y desviar la búsqueda inicial mediante maniobras incompatibles con una investigación objetiva.
Se revela la estrategia de la defensa: el renovado intento de Laudelina y sus cómplices de desplazar sospechas hacia padres y hermanos de Loan.
Frente a un cuadro probatorio cada vez más consolidado, la estrategia defensiva de algunos imputados parecería orientarse menos a desmontar las pruebas objetivas acumuladas y más a desplazar el eje de sospecha hacia el propio núcleo familiar de Loan. Sin embargo, existe un dato procesal imposible de ignorar: los padres y hermanos del niño fueron los primeros investigados, como ocurre en cualquier manual serio de investigación criminal frente a un caso de sustracción o desaparición de menores.
Fueron sometidos durante meses a análisis exhaustivos, pericias, cruces telefónicos, reconstrucciones, entrevistas, controles patrimoniales y múltiples medidas de verificación, sin que surgiera un solo elemento serio, objetivo o material que permitiera vincularlos con la desaparición.
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Ese vacío probatorio constituye precisamente el problema de ciertas defensas: no poseen evidencia material sólida capaz de neutralizar la acumulación de indicios, pericias y contradicciones que pesan sobre los procesados. Por ello, todo indica que intentarán reemplazar la ausencia de pruebas reales mediante la fabricación de “pruebas humanas”: relatos inducidos, versiones mediáticas explosivas, testimonios inconsistentes, operaciones de prensa, afirmaciones carentes de corroboración periférica y construcciones narrativas destinadas más a producir impacto social que verdad judicial.
La experiencia demuestra que, cuando el expediente se vuelve adverso, aparecen repentinamente “revelaciones” y operaciones mediáticas cuyo verdadero objetivo no es esclarecer qué ocurrió con Loan, sino sembrar confusión y dispersar responsabilidades. Los padres y hermanos del niño saben que probablemente deberán resistir una nueva operación de desgaste y estigmatización. Pero también saben algo mucho más importante: que no buscan venganza. Lo único que esperan, desde hace casi dos años, es que Loan aparezca con vida. Todo lo demás —el dolor, las operaciones, las campañas y las miserias humanas que rodean el caso— tiene reparación posible. Eso no.

La inspección ocular: el regreso al escenario originalLa medida del 19 de mayo posee una enorme importancia procesal. No será únicamente un reconocimiento visual del lugar. La inspección buscará reconstruir técnicamente:
— Recorridos
— Tiempos
— Visibilidad
— Distancias reales
— Densidad de vegetación
— Capacidad de observación
— Posibles trayectorias de desplazamiento humano y vehicular

La casa de Catalina Peña volverá a convertirse en el centro simbólico y judicial del expediente. Allí almorzó Loan junto a familiares y allegados pocas horas antes de desaparecer.
Luego vendrá nuevamente el naranjal. Ese sector rural se transformó desde junio de 2024 en uno de los lugares más emblemáticos y oscuros de la historia criminal argentina reciente. Allí se desarrollaron algunos de los rastrillajes más intensos realizados en Corrientes y allí aparecieron objetos pertenecientes al niño cuya ubicación continúa siendo materia de controversia judicial.
La querella sostiene desde hace tiempo que la reconstrucción del escenario resulta indispensable para desmontar contradicciones acumuladas durante la instrucción. El Tribunal lo denegó, pero sostuvo que si fuera necesaria la ordenaría en otra oportunidad.

El pacto de silencioUno de los ejes centrales del juicio será determinar si existió una estructura de encubrimiento posterior a la desaparición. Los fiscales creen que múltiples maniobras posteriores no fueron improvisadas sino parte de un mecanismo destinado a impedir la reconstrucción real de lo ocurrido.
Peritajes telefónicos incorporados al expediente detectaron comunicaciones cruzadas, movimientos incompatibles y actividad inusual entre varios imputados durante el rango horario crítico de la desaparición. La acusación buscará demostrar que, lejos de colaborar espontáneamente con la búsqueda, algunos de los involucrados habrían direccionado versiones falsas, contaminado escenas y desviado recursos investigativos.

La causa paralela: el “grupo Dupuy”El juicio oral también incluirá una segunda ramificación de gran gravedad. Diez personas vinculadas a la denominada Fundación Dupuy llegarán imputadas por supuestas maniobras de entorpecimiento de la investigación, manipulación testimonial y simulación de identidades profesionales.
Entre ellos aparece Nicolás Gabriel Soria, conocido mediáticamente como “El Americano”, acusado de hacerse pasar por integrante de organismos internacionales como DEA e Interpol.
La investigación sostiene que existió una estructura paralela destinada a influir sobre menores testigos, direccionar declaraciones y generar escenarios ficticios de investigación. Para la fiscalía federal, esa trama secundaria no fue un fenómeno marginal sino una de las operaciones más graves de contaminación probatoria detectadas en una causa penal reciente.

Revés judicial para CodazziEn las últimas horas además se produjo una novedad judicial de fuerte impacto. El Tribunal de Mercedes revocó el arresto domiciliario del abogado José Fernández Codazzi, quien continuará sometido a prisión preventiva en el marco de la investigación paralela. La resolución representó un duro revés para su defensa. Codazzi permanece imputado por presunto encubrimiento agravado y maniobras vinculadas a la sustracción de menores.
La resolución judicial agravó aún más el clima previo al juicio y volvió a colocar bajo discusión pública el rol desempeñado por distintos operadores durante los primeros meses de la investigación.

Un juicio que buscará respuestasA casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el expediente continúa generando una mezcla social de dolor e impacto institucional pocas veces vista en la Argentina contemporánea.
La pregunta sigue siendo la misma: qué ocurrió realmente aquella tarde en 9 de Julio.
El juicio oral intentará responder si existió una organización coordinada para sustraer y ocultar al niño, quiénes participaron, qué roles ocupó cada imputado y qué maniobras posteriores buscaron impedir que la verdad emergiera.
Mientras tanto, el próximo 19 de mayo la Justicia volverá al lugar exacto donde el país entero comenzó a preguntarse qué hicieron con Loan. Y posiblemente allí, entre la casa de Catalina, el monte y el naranjal, vuelva a librarse una de las batallas más decisivas del proceso: la reconstrucción definitiva de los hechos frente al escenario real donde desapareció el niño. Mientras tanto, Loan no está, y muchos lo seguimos buscando vivo, sano y salvo.