La crisis en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sigue profundizándose. Este jueves, los gremios se reunieron con autoridades del organismo, donde les confirmaron que habrá un recorte de alrededor de mil trabajadores, entre despidos y pases a disponibilidad.
Tras la confirmación de los despidos, los empleados se movilizaron de inmediato a la puerta de la sede para exigir una respuesta oficial. Sin embargo, el ingreso al edificio principal se encontraba bloqueado por efectivos de Gendarmería Nacional que impidieron su acceso.


De acuerdo a comunicados de prensa de los trabajadores, durante la asamblea el presidente del INTI, Miguel Romero, confirmó que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, se exige una “nueva estructura” que incluye la desvinculación de sus trabajadores.
Desde el colectivo de trabajadores denuncian que esta medida implica un proceso de vaciamiento del organismo y advierten sobre el impacto directo en áreas estratégicas vinculadas a la producción, la calidad industrial y la seguridad de bienes y servicios en todo el país.
En este contexto, los empleados exigieron la inmediata renuncia de las autoridades del Instituto, a quienes responsabilizan por avanzar con políticas de ajuste que ponen en riesgo el funcionamiento del organismo y el empleo de cientos de familias. Asimismo, señalaron que la cantidad de despidos podría ser aún mayor a la anunciada oficialmente, lo que profundiza la preocupación dentro del instituto.
Cierre de más de 900 serviciosLa decisión del Gobierno nacional de avanzar con el recorte de personal se suma a la reciente eliminación de más de 900 servicios, dejando prácticamente sin actividades al organismo. En ese momento, estimaban que los despidos iban a alcanzar a alrededor de 700 empleados, pero desde el gremio UPCN confirmaron que rondarían los 1000 despidos y que podrían darse antes del jueves, con la finalización de abril.
El miércoles pasado, el Ejecutivo avanzó con la cesación de servicios sistematizados vinculados a alimentos y bebidas que brinda el organismo a las pymes y a la industria nacional. La decisión se tomó en base a un análisis interno que evaluó demanda, cobertura y alineamiento estratégico.
El documento sostiene que la revisión se dio en un contexto de cambios en el sistema productivo y crecimiento de capacidades privadas. Según se detalla, “una gran cantidad de servicios no han tenido demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que llevó a considerar que se trataba de un uso ineficiente de recursos estatales.
Con la cesación de servicios sistematizados, los trabajadores quedaron prácticamente sin funciones en el organismo. En ese sentido, de no tener tareas, la Ley Bases aprobada por el Congreso nacional en 2024 habilita a las autoridades a pasar a disponibilidad a los empleados y luego echarlos.
Los trabajadores informaron que continuarán con un plan de lucha que incluirá asambleas, movilizaciones y acciones públicas para visibilizar el conflicto y frenar los despidos.