El gobierno dio marcha atrás con el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, de la ANSES, anunciado el mes pasado por el Ministerio de Capital Humano y que implica el pago de mensual de 78.000 pesos a más de 900 mil trabajadores informales. No lo hizo por voluntad propia sino como consecuencia de la medida cautelar del Juzgado Federal de Campana, que la semana pasada le ordenó mantener vigentes esas prestaciones hasta tanto se dice una sentencia definitiva. El cumplimiento de la decisión judicial se concretó por medio de una resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que aprobó la liquidación de los fondos para el pago correspondiente al mes de abril, por más de 72 mil millones de pesos.
A pesar de que el Gobierno Nacional ratificó en los considerandos del documento que interpondrá los recursos judiciales necesarios para apelar esta decisión, la resolución de hoy admite que corresponde “efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente”. De este modo, se asegura la continuidad de los pagos sin que esto implique, según el texto oficial, una modificación del marco normativo que el Ejecutivo buscaba implementar.

La resolución de este martes, que firma el secretario de Trabajo, Julio Gabriel Cordero, cita como fundamento de la marcha atrás el expediente tramitado en Campana que “promovió una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, cuestionando la finalización del Programa y la consecuente interrupción de las prestaciones económicas”. Ante la orden judicial para que “mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo (VAT) hasta tanto se dicte sentencia definitiva” y “sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales”, ya que Pettovello anuncio la apelación de esa decisión, Cordero resolvió vehiculizar mediante la resolución “el cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista”.
Cuando la ministra Pettovello anunció el fin del programa dijo que se reemplazaría por el sistema de vouchers. Este esquema trasladaría el presupuesto a las empresas u organizaciones que den talleres, a los que trabajadores informales deberían asistir con la promesa de una “rápida inserción laboral”. Era solo una promesa a la que era difícil creerle en un contexto de mayor crisis, crecimiento del desempleo y, sobre todo, la crueldad con la que se mueve el gobierno libertario.
El anuncio de la eliminación había derivado en protestas de organizaciones sociales, principalmente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. Una de esas movilizaciones fue frente a la casa del jefe de gabinete y vocero muteado Manuel Adorni, donde se intentó visibilizar la contradicción entre el rápido enriquecimiento de funcionaros públicos y el ajuste en los programas sociales.
Desde la UTEP afirmaron que el resultado de esta resolución es “gracias a la lucha en la calle de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y los movimientos populares en unidad en todo el país logramos la cautelar que obligó a Capital Humano a seguir pagando el programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes de la Patria”.
En ese sentido señalaron que el Ministerio de Capital Humano “firmó la resolución de pago del programa a los más 900.000 trabajadores. A no aflojar, a seguir luchando. Los derechos se conquistan y se defienden en la calle”, indicaron.
La cautelar
El juez federal Adrián González Charvay hizo lugar el martes pasado a una cautelar promovida por un grupo de beneficiarios contra el cese del programa dispuesto por la ministra Sandra Pettovello, quienes actuaron por derecho propio y en representación del colectivo de beneficiarios afectados. Argumentaron que la eliminación constituía “una medida regresiva en materia de derechos sociales” que incurría en “inconstitucionalidad por omisión”, y remarcaron que quienes lo reciben son personas que trabajan en la economía popular “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación” como un ingreso clave.
El juez, en los fundamentos de su decisión, explicó que la asignación monetaria “se manifiesta como una previsión con profundo contenido social, y los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora, con su culminación, arbitraria e irrazonable”.
González Charvay cuestionó que la única política del gobierno para compensar la eliminación sea un programa de bouchers educativos. “La referencia genérica de bouchers de capacitación no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que estos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían”, destacó.
Ahora, mientras se vuelve a implementar el programa, resta esperar que el gobierno apele la decisión judicial.