Al final, tal como se venía anticipando desde hace meses, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó, ayer jueves, en la reunión del Consejo Directivo del organismo, el plan de retiros voluntarios que le viene exigiendo el gobierno de Javier Milei desde el ministerio de Economía que gestiona Luis Caputo.
PubicidadContenido promocionadoAhora, luego de varios idas y vueltas, le dieron luz verde al despido con retiros voluntarios de 1.500 personas de un total de 5.800 que el organismo tiene en la actualidad.
Pero como ese plan de despidos impulsado por el presidente Nicolás Bronzovich tropezó con la resistencia del Consejo Directivo de la institución, el camino elegido será un nuevo plan de retiro voluntario lo suficientemente tentador para que muchos técnicos e investigadores desistan de seguir su carrera en el Estado.
Ese proceso se aprobó en la reunión del Consejo Directivo de este jueves. Es decir que ya se conocen los términos.
El acuerdo para deshacerse de personal especializado del INTA
La decisión se tomó en la reunión de Consejo Directivo mediante el Acta 611, según consignó el medio Bichos de Campo. Allí se acordó entre los consejeros del sector público y los representantes de las entidades rurales y las universidades que “la Dirección General de Administración del INTA deberá llevar a cabo un Sistema de Retiro Voluntario para el Personal alcanzado por la Ley 25.164”.
Las bases de dicho plan serán las que siguen:
Personal alcanzado: personal permanente con un mínimo de tres (3) años de antigüedad en calidad de agente de planta permanente del INTA y una edad menor a los sesenta y cinco (65) años al 31 de marzo de 2026.
Respecto del cálculo de las Indemnizaciones correspondientes a quienes decidan acogerse:
La indemnización será determinada a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses en el desempeño de relaciones de empleo público de conformidad con las categorías de revista previstas en la Ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, de conformidad con el registro obrante en el legajo personal.
Este monto regirá para el personal con hasta 60 años cumplidos al 31 de marzo de 2026.
Desde los 61 años y los 63 años inclusive cumplidos al 31 de marzo de 2026, en cambio, se percibirá una indemnización calculada de conformidad con el punto inicial (es decir 1,5 salarios) con el límite máximo del equivalente a 24 haberes brutos.
Cumplidos los 64 años al 31 de marzo de 2026: el límite de indemnización sobre el cálculo inicial se limitará al equivalente a 12 haberes brutos.
Retiro voluntario
El pago de estos montos indemnizatorios será “total en una sola vez”, y “el personal que acceda al retiro voluntario no podrá ser designado en planta permanente o transitoria, ni incorporado bajo ninguna modalidad de contratación, con o sin relación de dependencia, en los organismos del Sector Público Nacional por el término de cinco años contados a partir de la fecha de cese”.
El retiro voluntario en el INTA se convocará en un plazo de treinta días corridos a partir del 1° de abril de 2026, prorrogable por única vez por quince días corridos a solicitud de la Dirección Nacional, agrega la normativa emanada del Consejo Directivo.
Formalización
Ahora la administración del INTA “deberá caratular el expediente administrativo correspondiente y formalizar su diligenciamiento con la intervención de las dependencias correspondientes, a efectos de que el Consejo Directivo pueda dar tratamiento al acto de aprobación pertinente en la reunión ordinaria del mes de marzo del corriente año”.
Vale recordar que este es el segundo retiro voluntario lanzado por el INTA. El primero, a fines de 2024, no tuvo la acogida esperada por las autoridades, ya que tentó solamente a poco más de 300 trabajadores. Por eso continuaron las presiones de Bronzovich sobre el Consejo Directivo para que le autoricen una reducción mucho más amplia del personal, que no rindió efecto. Ese proceso condujo a esta segunda instancia de retiro voluntario.