La Panamericana amaneció con corte total a partir de la protesta de trabajadores de una empresa que comercializa productos de limpieza. Reclaman por el despido de casi 30 empleados y exigen diálogo con las autoridades.

Según señalaron los representantes gremiales, las desvinculaciones alcanzaron tanto a personal efectivo como a empleados que se encontraban en período de prueba. A esto se suman reclamos previos por atrasos salariales y deudas en los aportes a la obra social, una situación que, de acuerdo con los trabajadores, se viene arrastrando desde hace varios meses y profundizó el malestar dentro de la planta.
El delegado sindical Leandro Gómez explicó que la medida de fuerza tuvo como eje central “forzar un canal de diálogo” que permita encontrar una salida al conflicto. “Estamos en un punto muerto desde septiembre y no hubo respuestas”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de que intervengan los organismos correspondientes.
La movilización contó con la participación de empleados de distintos turnos y sectores, así como de familiares y trabajadores de otras empresas. “La idea es que alguien se acerque, que se convoque a una reunión y se pueda destrabar esta situación”, señaló Gómez, quien describió un clima de incertidumbre tanto entre los despedidos como entre quienes aún conservan su puesto laboral.
Desde el sector de los trabajadores también cuestionaron el contexto en el que se produjeron los despidos y denunciaron que la empresa estaría aprovechando los cambios en la legislación laboral impulsados por el gobierno de Javier Milei para avanzar en un recorte de derechos. En ese marco, reclaman el pago del bono de fin de año y la regularización inmediata de los aportes a la obra social, dos puntos que consideran urgentes.
“Nos vemos obligados a salir a la calle. No sabemos qué más hacer para obtener una respuesta”, expresó el delegado, quien además puso en duda los argumentos de la firma para justificar las desvinculaciones. Según indicó, la empresa aduce una crisis interna vinculada a disputas entre socios, aunque remarcó que “las ventas no muestran una caída”.
Otro de los puntos que genera preocupación es la falta de certezas sobre el pago de las indemnizaciones. Gómez afirmó que los balances recientes de la compañía no reflejan la situación crítica que plantea la patronal y recordó que “los últimos tres ejercicios cerraron con resultados positivos”.
El conflicto se inscribe, además, en un escenario más amplio que involucra la situación financiera de Lustramax, una firma con más de dos décadas de trayectoria, dos plantas en Tortuguitas y una dotación superior a los 200 trabajadores. A fines de diciembre de 2025, la empresa presentó ante el Ministerio de Capital Humano un Proceso Preventivo de Crisis para justificar posibles despidos de hasta 45 empleados, pese a haber declarado en sus balances un patrimonio neto que creció de manera sostenida entre 2022 y 2024.