Los cuestionamientos al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 —con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia— llegarán en las próximas horas a los estrados internacionales. Organismos de derechos humanos y ONGs trabajan en presentaciones para ser radicadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y distintas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Denunciarán que existe un plan de vigilancia masiva que pone en riesgo la protección de derechos básicos.
El 31 de diciembre pasado, horas después de que terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso y cuando las preocupaciones estaban centradas en las celebraciones de fin de año, Milei firmó el DNU 941, que viene recibiendo cuestionamientos en los ámbitos político y judicial.
Más de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) se pronunciaron en contra del decreto, al que calificaron de “manifiestamente inconstitucional”, y denunciaron que la administración de La Libertad Avanza (LLA) avanza en la ruptura de consensos básicos.

“Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”, dice la declaración que suscriben, entre otros, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Vía Libre, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), ANDHES, la Fundación Huésped y Greenpeace.
La estrategia de las organizaciones es múltiple. A nivel judicial, el CELS ya presentó un amparo colectivo al que podrían sumarse distintos grupos. En el plano parlamentario, reclamarán que se activen los mecanismos para rechazar el DNU y que se controle lo que ocurre en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a través de la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
“Es importante que el Congreso reciba estos pedidos para activar la CBI. La respuesta no debe ser solamente judicial. Los reclamos sociales deben tener una respuesta política”, sostiene Diego Morales, director de Litigio del CELS, en diálogo con Página/12.
Muchas de estas organizaciones, explica Morales, están realizando presentaciones internacionales. Los cuestionamientos al DNU llegarán a distintos funcionarios: José Luis Caballero Ochoa (presidente de la CIDH), Edgar Stuardo Rolón Orellana (relator de la CIDH para Argentina), Pedro Vaca (relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH), Gina Romero (relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación de la ONU), Ben Saul (relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos de la ONU), Ana Brian Nougrères (Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias) y Jan Jarab (representante en América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
Muchos de estos expertos ya han manifestado su preocupación por los retrocesos en materia de derechos humanos desde la llegada de Milei al gobierno. Sin ir más lejos, días atrás Gina Romero celebró en redes sociales que se haya declarado nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich.
En 2019, el entonces relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, había visitado el país en medio de las filtraciones de escuchas —sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner y personas vinculadas a ella— y sostuvo que no alcanzaban los controles de la CBI. Había sugerido la creación de un órgano independiente con participación de jueces de alto rango y expertos en tecnología.
A partir de ese informe preliminar, la Corte Suprema se subió a la ola y firmó una acordada en la que desalentaba, por ejemplo, la participación de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en investigaciones judiciales. La convocatoria de espías por parte de los tribunales quedó rehabilitada con el DNU 614/2024, mediante el cual Javier Milei eliminó la AFI y resucitó la SIDE.
La situación se agravó con el último decreto. “Un primer aspecto a cuestionar es por qué se utiliza una vez más la vía del DNU para reformar algo que merece un debate profundo en el Congreso, sobre todo cuando no había una situación de urgencia. En segundo lugar, el Gobierno presenta este decreto como si se tratara únicamente de modificaciones administrativas a la Ley de Inteligencia —con el argumento de implementar un sistema más eficiente y moderno—, pero lejos está de eso. Las principales preocupaciones que identifica Amnistía Internacional están asociadas justamente al debilitamiento de la protección de derechos humanos básicos”, explica Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Las principales críticas al DNU son los siguientes:
– obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, lo que favorecería una vigilancia masiva;
– no prevé control ciudadano sobre la SIDE;
– todas las actividades tienen carácter “encubierto”, lo que podría frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado;
– por primera vez en democracia, los agentes de la SIDE tienen la facultad de detener personas, lo que implicaría que este organismo podría llegar a convertirse en una “policía secreta”;
– la SIDE puede convocar a las Fuerzas Armadas e involucrarlas en tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, lo que implicaría su participación en acciones de seguridad interior;
– con la ampliación de la noción de contrainteligencia, se rehabilita la noción del enemigo interno.
“Nos preocupa no solo la falta de proceso y debate democrático al impulsar la reforma de una norma importante como la Ley de Inteligencia, sino también el debilitamiento de los controles democráticos que produce el decreto, al ampliar al máximo el secreto, volver aún más opaco el sistema y elevar el umbral de sospecha sobre el cual pasamos a quedar todas las personas y organizaciones en Argentina”, remarca García Rey.
A nivel judicial, hay al menos cinco amparos contra el DNU 941. En las próximas horas debería saberse si la fiscalía considera que este tema —con los riesgos que señalan las organizaciones— amerita ser tratado durante el receso tribunalicio. El Gobierno defendió el DNU a través de dos comunicados y dijo que enviará una reforma de ley más profunda al Congreso.