El expediente que investiga el patrimonio del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni entra en una etapa clave. Esta semana vence el nuevo plazo otorgado para que el exfuncionario responda las dudas planteadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Adorni tiene tiempo hasta el próximo martes para presentar las explicaciones solicitadas. Sin embargo, existe la posibilidad de que vuelva a pedir una prórroga, esta vez por otros 15 días.
El requerimiento fiscal contempla 20 preguntas destinadas a determinar el origen de distintos fondos, operaciones y bienes vinculados al exfuncionario y a su grupo familiar. El objetivo de Pollicita es que pueda justificar el incremento patrimonial registrado desde su ingreso a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida en junio de este año.
En caso de que las respuestas presentadas no sean consideradas suficientes, Adorni podría ser citado a indagatoria. En la misma causa también se encuentra bajo investigación su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, durante el período analizado el matrimonio registró ingresos comprobados por $229,7 millones, mientras que los gastos alcanzaron los $272,8 millones. La diferencia entre ambos conceptos asciende a $43.068.549.
A ese análisis se agregan US$ 402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario. Para el fiscal, esos desembolsos no tendrían correlato con los ingresos lícitos que fueron comprobados hasta el momento en la investigación.
El expediente también pone bajo análisis préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la adquisición de un vehículo y distintos gastos vinculados con una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.
Qué debe explicar AdorniEntre los principales puntos que Pollicita busca esclarecer aparece el origen de los dólares en efectivo declarados en las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios investigados.
El fiscal también solicitó documentación y explicaciones sobre los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, incluyendo su existencia, fecha, entrega efectiva de los fondos, destino del dinero y evolución de las obligaciones.
Otro de los interrogantes está relacionado con la compra de un vehículo Jeep y con el origen del dinero utilizado para adquirir el lote 380 del Country Indio Cuá.
En relación con esa propiedad, la Justicia busca conocer la procedencia de los fondos destinados a su remodelación integral, entre ellos los US$ 245.000 abonados al contratista Matías Tabar. También deberá explicarse el dinero utilizado para pagar a Tabar por los muebles del inmueble ubicado en Miró 550, operación que habría sido abonada en dólares y en efectivo.
El requerimiento alcanza además a la adquisición de Miró 550. En ese caso, se pidió precisar el origen de los fondos, además de la naturaleza y las condiciones de la operación.
Pollicita también pretende conocer el origen y respaldo de los ingresos que no estuvieron alcanzados por el impuesto a las ganancias o que fueron declarados como exentos, así como de los bienes recibidos por herencia, legado o donación.
Otro de los puntos bajo análisis son los fondos en efectivo utilizados para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
La fiscalía puso además la lupa sobre la utilización reiterada de terceras personas para adquirir bienes y realizar pagos, y solicitó detalles sobre la operatoria con criptoactivos, especialmente respecto del origen del capital con el que habría comenzado esa actividad.
También deberá explicarse cómo se compatibiliza el nivel de gastos y movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
El requerimiento incluye, además, 20 comprobantes presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 o 2025, por montos superiores a $6 millones. La Justicia busca determinar si las operaciones fueron efectivamente realizadas, si fueron canceladas, cuándo se concretaron los pagos, qué medios se utilizaron y cuál fue el origen de los fondos.
Entre las preguntas también aparece la eventual cancelación de deudas con el Banco Galicia. En caso de haberse producido, Adorni deberá informar la fecha, quién efectuó el pago, mediante qué mecanismo y con qué fondos.
La investigación alcanza asimismo a los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko en relación con tres operaciones inmobiliarias del matrimonio. El fiscal pidió conocer la causa de esos honorarios y el medio utilizado para abonarlos.
Otro de los interrogantes está relacionado con personas del entorno de Adorni que figuran como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas al exfuncionario. La Justicia busca conocer los motivos de esa situación.
También deberá aclararse si una facturación superior a $4 millones emitida por una concesionaria automotriz corresponde a la adquisición de un vehículo que no habría sido declarado.
El listado de preguntas se completa con los depósitos de carácter no salarial recibidos en la cuenta sueldo del Banco Nación, el criterio utilizado para determinar el valor de las mejoras realizadas en Miró 550 y la forma en que fueron valuadas las mejoras declaradas sobre el lote 380 del Country Indio Cuá, además del origen de los fondos destinados a esas obras.
Con el nuevo plazo próximo a vencer, la Justicia espera ahora las explicaciones de Adorni sobre el origen y destino de los fondos cuestionados. A partir de esas respuestas, el fiscal deberá evaluar si las explicaciones permiten despejar las dudas planteadas en el expediente o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación.