La próxima semana, el Congreso de la Nación retomará gradualmente su actividad con la llegada de diputados de distintos bloques a la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzarán las primeras reuniones para definir estrategias parlamentarias. En ese marco, dos de los ejes centrales de discusión serán la reforma laboral y la posible modificación de la Ley de Glaciares.
Uno de los espacios que deberá ordenar una posición común es el bloque de Provincias Unidas, integrado por legisladores de distintos signos políticos que responden a gobernadores con intereses diversos. Si bien existieron contactos iniciales, señalaron la necesidad de un abordaje más coordinado que en debates anteriores.
Dentro de ese universo, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) comenzaron a mostrar una postura más firme frente a la Casa Rosada. Ambos mandatarios transmiten a sus legisladores una estrategia de mayor cautela y advierten sobre el avance de La Libertad Avanza en sus distritos, que vienen de ganar las últimas elecciones en ambas provincias.
En los últimos días, esa posición se reflejó en distintos gestos políticos. Por un lado, el gobierno de Santa Fe rechazó el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, para que la provincia girara de manera inmediata USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional. La administración provincial argumentó que, en las condiciones actuales, la operación implicaría un riesgo financiero para las cuentas públicas.
Por otro lado, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, referente del peronismo federal y alineado con Llaryora y el exgobernador Juan Schiaretti, ratificó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, marcando distancia del Ejecutivo.
Los gobernadores aún sostienen la intención de consolidar un armado político con proyección electoral hacia 2027, pese a que el resultado en las últimas elecciones no fue el esperado y mostró una polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo.
En ese contexto, la obra pública aparece como uno de los principales puntos de tensión. Según el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026, Córdoba contará con $55.498 millones y Santa Fe con $43.014 millones destinados a infraestructura. En el caso santafesino, los recursos implican un recorte cercano al 95% en materia vial.
Mientras tanto, el oficialismo nacional avanza en el armado territorial. El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Córdoba para participar del Festival de Jesús María el 16 de enero, en una señal de mayor involucramiento político en la provincia.
De cara a los próximos debates, fuentes legislativas anticipan que el posicionamiento conjunto de Llaryora y Pullaro podría expresarse durante la discusión de la reforma laboral, especialmente en los puntos vinculados a la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas y su impacto en las finanzas provinciales.