El Senado aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y envió el proyecto a la Cámara de Diputados, donde continuará su recorrido parlamentario. La propuesta introduce modificaciones sobre la normativa 26.657, vigente desde 2010, y contempla cambios en distintos aspectos de la atención, las hospitalizaciones y el funcionamiento de los dispositivos destinados a pacientes.
Uno de los ejes centrales pasa por las internaciones involuntarias. El nuevo texto modifica los requisitos profesionales para determinar cuándo una persona necesita ser hospitalizada: ya no establece como condición excluyente la intervención de un psiquiatra, sino que contempla la participación de un médico o un profesional con formación en salud mental. Además, se incorpora la firma de un segundo integrante del equipo, con participación de psicólogos en la evaluación y en una eventual decisión de alta.
La discusión sobre este punto generó diferencias entre el Gobierno y las provincias, nucleadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Inicialmente, la iniciativa otorgaba una mayor centralidad a los psiquiatras, pero durante las negociaciones se acordó incorporar expresamente a los psicólogos. También se eliminó la palabra preferentemente de uno de los apartados para evitar interpretaciones que pudieran dejar a esta última profesión fuera de las decisiones.
Qué dice la reforma de la Ley de Salud Mental que aprobó el Senado y cuáles son sus cambiosOtro de los cambios está relacionado con el concepto de adicciones, que pasa a contemplar un universo más amplio de situaciones. De esta manera, se incorporan problemáticas como la ludopatía, que quedan incluidas dentro de los abordajes previstos por la normativa.
En cuanto a la participación familiar, el proyecto establece quiénes pueden intervenir en representación de una persona que atraviesa un problema de salud mental. La posibilidad queda delimitada a padres e hijos, mientras que también se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. En aquellos casos en los que no aparezcan responsables, el Estado tendrá la obligación de garantizar los apoyos necesarios y los dispositivos comunitarios correspondientes.
La reforma también incorpora disposiciones específicas para la atención de niños y adolescentes, diferenciándola de los criterios aplicados a los adultos. En estos casos se contemplan la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la confidencialidad. Si fuera necesaria una internación en una unidad destinada a adultos, solo podrá concretarse cuando exista una imposibilidad acreditada de utilizar otro dispositivo y durante el menor tiempo indispensable.
Otro apartado contempla la posibilidad de realizar consultas a distancia en aquellos lugares donde exista menor disponibilidad de personal especializado. La teleconsulta aparece así como una alternativa para ampliar las posibilidades de atención en las jurisdicciones con menos recursos profesionales.
La iniciativa también prohíbe las prácticas manicomiales y recupera un catálogo de alternativas para la atención fuera de las internaciones tradicionales. Entre ellas figuran los tratamientos ambulatorios y domiciliarios, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral.
A su vez, se incorpora la posibilidad de que los pacientes expresen anticipadamente su voluntad respecto de los tratamientos: podrán consentirlos o rechazarlos y designar a personas para que manifiesten su consentimiento cuando no estén en condiciones de hacerlo por sí mismos. Esta disposición contempla una excepción ante situaciones de riesgo grave para la vida.
El texto suma, además, un plan de egreso con objetivos y mecanismos de seguimiento, junto con directivas anticipadas orientadas a la prevención y al abordaje de situaciones vinculadas con la salud mental.
Durante el debate, uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los recursos necesarios para poner en marcha las modificaciones. Ante los reclamos de las provincias, el oficialismo aceptó incorporar referencias al financiamiento federal y realizó ajustes en la redacción para precisar las responsabilidades económicas.
La discusión también incluyó fuertes diferencias sobre el funcionamiento de la normativa que rige desde 2010. Como miembro informante, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, destacó que participaron más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del ámbito del derecho durante las exposiciones previas.
La senadora libertaria cuestionó los resultados obtenidos durante los casi 16 años de vigencia de la legislación actual. Sostuvo que las herramientas disponibles fueron insuficientes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y señaló las diferencias existentes entre las distintas jurisdicciones. También mencionó un incremento del 70% en las hospitalizaciones públicas después de la pandemia.
“La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, planteó Arrascaeta. Sobre la necesidad de modificar los criterios de intervención, agregó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.
Desde otra posición, el senador Guillermo Andrada, de Catamarca, cuestionó que se avance con modificaciones sin resolver previamente las dificultades presupuestarias. El legislador, que también es médico, consideró que la normativa vigente no tuvo los recursos necesarios para funcionar y defendió varios de sus principios.
“No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”, advirtió. También sostuvo que no se le había dado a la legislación actual la oportunidad de demostrar su efectividad.
En la misma línea de preocupación por el financiamiento se expresaron los senadores misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, quienes cuestionaron las partidas previstas para sostener los cambios. Las objeciones se sumaron a los reclamos que habían planteado distintas jurisdicciones durante las negociaciones con el Gobierno nacional.
La radical Silvana Schneider, ex vicegobernadora de Chaco, también puso el foco en las dificultades que enfrentan las familias fuera de los grandes centros urbanos. Advirtió sobre la falta de respaldo legal para los profesionales que trabajan en localidades pequeñas y describió las complicaciones que aparecen cuando una persona atraviesa una situación de riesgo.
“Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, señaló. Por su parte, la oficialista fueguina Belén Monte de Oca cuestionó la interpretación que, según planteó, se hizo de la autonomía individual en el marco de la normativa vigente: “Se confundió libertad con abandono”.
Las críticas al financiamiento también fueron planteadas por Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero e integrante del Frente Cívico. El senador cuestionó que se avance con una modificación sin discutir cómo se sostendrán económicamente las prestaciones y lamentó que no se hubiera considerado un proyecto que había presentado anteriormente. La médica y exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, del sector kirchnerista, coincidió con los cuestionamientos.
El cierre de la discusión estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien defendió la reforma y apuntó contra la confrontación entre psiquiatras y psicólogos que, a su entender, atravesó parte del debate. La senadora libertaria cuestionó que se responsabilizara a los primeros por supuestas vulneraciones de derechos humanos y planteó que ambas disciplinas son necesarias para atender los trastornos de salud mental.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, expresó. También advirtió que existen situaciones que requieren una intervención que, bajo los criterios actuales, no siempre puede concretarse a tiempo y que pueden derivar en muertes o episodios de violencia familiar.
Bullrich insistió en la necesidad de anticiparse a esos escenarios y remarcó que el objetivo debe ser proteger a las personas. Durante su exposición, además, mencionó una diferencia en la cantidad de profesionales disponibles: alrededor de 100.000 psicólogos frente a casi 4.000 psiquiatras.
Con 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención, la iniciativa obtuvo la aprobación en general de la Cámara alta. El texto incorpora modificaciones sobre internaciones, equipos profesionales, adicciones, intervención familiar y modalidades de atención, y ahora deberá pasar por Diputados para continuar su tratamiento legislativo.