La Cámara de Apelaciones dijo que no. Victoria Cantero, acusada por la muerte de Julián Álvarez el 2 de agosto de 2026, seguirá con prisión preventiva y no podrá cumplirla en su casa. Pero su defensa no se da por vencida: este jueves, la abogada Celeste Segovia habló en El Radar, el programa de NORTE TV, y dejó en claro que la pelea judicial recién empieza.
"Somos respetuosos de la decisión, pero discrepamos jurídicamente", planteó la letrada. Todavía no conocen los argumentos del tribunal, que tiene cinco días desde que dictó el fallo, ayer, para darlos a conocer. Una vez que los lean, evaluarán si presentan un recurso de casación u otras impugnaciones.

"El peligro de fuga no existe", sostiene la defensaEl corazón del planteo de Segovia es que la preventiva debe ser excepcional y provisoria, y que solo se justifica ante un riesgo procesal concreto: que la imputada se fugue o entorpezca la investigación. Según la abogada, en este caso ninguno de los dos está probado.
Para sostenerlo, repasó lo que, según su versión, hizo Cantero aquel día. Pudo haberse ido, dijo, pero acompañó a Julián hasta el hospital, volvió al domicilio familiar y esperó allí a la policía, sin resistirse en ningún momento. Además, planteó que la prueba testimonial está prácticamente cerrada, ya que solo faltan declarar tres testigos. Lo que resta son informes periciales, como los de teléfonos celulares y laboratorio, sobre los que, argumentó, la acusada no puede incidir.
Segovia anticipó que, si el tribunal se apoyó en la gravedad del hecho, tampoco lo compartirá. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que según ella establece que la gravedad no alcanza por sí sola para mantener a alguien preso preventivamente.

La Cámara de Apelaciones rechazó la prisión domiciliaria. La defensa espera los fundamentos para decidir cómo sigue.Una conversación con tensiónEl conductor le planteó que, como ciudadano, le suena razonable que alguien acusado de matar a otra persona siga detenido mientras avanza el proceso. La abogada respondió que opinaba desde su formación jurídica y recordó que la preventiva no es una condena anticipada: Cantero goza de la presunción de inocencia que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional "les guste o no", dijo.
También aclaró que la decisión no es definitiva. Existe la cesación de la prisión preventiva, que puede pedirse cuando se incorporan nuevas pruebas o cambian las circunstancias, y la defensa sostiene que el hecho podría ser recalificado. Descartó así la idea de que la joven permanecerá presa hasta el juicio por jurados.
¿Cuándo sería el juicio?Según los cálculos de la defensa, el debate llegaría el año próximo. Faltan, explicó, pericias que no dependen de ellos sino de que se activen los trámites. Sobre lo que se levantó de la camioneta de Julián, Segovia dijo que se recolectó "mucho" material, pero no quiso dar detalles por las restricciones que tienen los abogados para hablar de la prueba. Lo único que adelantó es que, para la defensa, ese resultado es "contundente" y refuerza su hipótesis.
Habeas corpus por presuntos apremios ilegalesLa parte más delicada de la entrevista fue sobre el estado de Cantero. La abogada contó que hace uno o dos meses la joven estaba quebrada emocionalmente y casi sin poder hablar, y que logró estabilizarse tras un habeas corpus que pidió atención psicológica. Ahora, dijo, atraviesa otra pericia sobre su persona.
Pero el panorama volvió a complicarse hace unas 48 horas. Segovia aseguró que Cantero sufrió apremios ilegales por parte de personal policial femenino del lugar donde está alojada. La defensa presentó ayer un nuevo habeas corpus correctivo por agravamiento de las condiciones de detención, y hoy se realiza una audiencia con la jueza María Laura del Valle, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 3 de Resistencia, para analizar si corresponde. La abogada pidió el traslado de su defendida porque, afirmó, allí no está asegurada su integridad física ni psíquica.
Consultada sobre si el destino podría ser la alcaidía, respondió que es una posibilidad, aunque su preferencia es una dependencia del servicio penitenciario provincial, donde, según planteó, podría recibir tratamiento y realizar actividades, como corresponde a una persona procesada y todavía no condenada.
En los próximos días se conocerán los fundamentos de la Cámara, y de ellos dependerá si la defensa avanza con la casación. Mientras tanto, la jueza deberá resolver el habeas corpus sobre las condiciones de detención.