Adrián Ravier abrió los brazos y, como si les hablara desde su corazón, les dijo a los periodistas que cubren lo que sucede en la Casa Rosada que le dieran una mano. Les pedía que no dijeran que el Gobierno de Javier Milei incumple con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) ni que quiere cerrar las casas de altos estudios. “Es todo un mito”, dijo el vocero presidencial. La primera respuesta al portavoz llegó desde los tribunales: el juez federal Martín Cormick decidió aplicarle una multa al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la resistencia de la administración libertaria a cumplir con una serie de fallos que viene dictando desde diciembre del año pasado para que se actualicen salarios y becas estudiantiles. La otra respuesta llegará este jueves desde las calles: miles se convocarán en la quinta marcha en defensa de la educación pública.
Uno de los lemas del Gobierno de la motosierra es “ley y orden”, pero no predica con el ejemplo. La de Milei podría convertirse en una larga historia de incumplimientos.
En agosto del año pasado, el Congreso aprobó la LFEU. Ni lerdo ni perezoso, Milei la vetó a través del decreto 647. El Congreso no se dejó doblegar por el Presidente, reunió la mayoría calificada e insistió. A Milei le tocaba aceptar y promulgar la ley. Sin embargo, encontró un vericueto para no cumplir: el Presidente firmó el decreto 759 con el que dijo que la ley no se aplicaría hasta tanto se explicitara de dónde saldrían esas partidas.
El martes pasado, en una demanda que presentaron tanto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759. En su fallo, el juez afirmó que Milei había diseñado un mecanismo extraconstitucional para no acatar lo que había decidido el Congreso.
La batalla en los tribunales lleva un año. En diciembre del año pasado, Cormick había concedido una cautelar en favor de las universidades en la que le decía al Gobierno que debía cumplir con la actualización de los salarios docentes y no-docentes, así como con las becas. La Casa Rosada apeló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión de Cormick.
El tema siguió avanzando: llegó hasta la Corte Suprema. Primero, los supremos rechazaron las recusaciones que había presentado el Gobierno contra todos los jueces que intervienen en el caso y son docentes universitarios –incluidos los tres cortesanos–. Después, rechazaron los planteos del Poder Ejecutivo contra la cautelar.
Cuando quedó firme la medida dispuesta por Cormick, el Gobierno había alcanzado un principio de acuerdo con las universidades. Era un incremento salarial del 24,33 por ciento, a pagarse 21,33 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre. En el acta quedaba claro que era una actualización que respondía al desfasaje de 2025 y representaba una actualización hasta mayo de este año. Faltaba discutir lo que se arrastraba desde 2024, que fue especialmente impactado por la devaluación inicial de Milei.
Las negociaciones volvieron a trabarse. Pese a eso, el Gobierno buscaba que Cormick dejara sin efecto la cautelar, mientras que desde el CIN reclamaban que se ejecutara. El juez intimó en dos oportunidades al Gobierno para que pagara: el 22 y el 30 de septiembre, pero no hubo caso. En ambas oportunidades, el magistrado advirtió que aplicaría astreintes –una multa– por el incumplimiento.
El viernes pasado, Cormick concedió la apelación que el Gobierno había presentado contra el fallo de fondo –en el que declaraba la inconstitucionalidad del decreto 759/2025–, pero advirtió que continuaría con la ejecución de la cautelar.
El martes, el CIN se presentó ante Cormick para pedirle que hiciera efectivo el apercibimiento y que aplicara las astreintes diarias y progresivas por cada día de demora en el cumplimiento del fallo y de la LFEU.
El juez accedió al pedido del CIN. En esa línea, Cormick entendió que correspondía disponer astreintes diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798, sostiene en el fallo.
En la primera etapa, las astreintes serán de 100 mil pesos por día. Cormick advirtió, además, que podría modificar los montos y los funcionarios alcanzados por su resolución. Santilli, que acaba de pintarse de violeta, es el responsable de la administración general. Hace unos meses, cuando se suscitó un conflicto en torno al financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el intimado por el juez Alejo Ramos Padilla había sido Manuel Adorni, predecesor de Santilli en la Jefatura de Gabinete.
“Las astreintes son sanciones pecuniarias de carácter conminatorio que un juez impone a una persona para obligarla a cumplir una resolución judicial. Su finalidad principal no es castigar ni indemnizar, sino por el contrario, persigue vencer la resistencia de quien incumple una orden judicial, y de esta manera, asegurar la efectividad de la tutela judicial”, explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Desde el Gobierno ya hicieron saber que apelarán la decisión de Cormick para seguir dilatando la actualización de los salarios docentes. Desde los gremios reclaman un 34 por ciento de aumento.
El CIN valoró la decisión de Cormick. “No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente. Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso importante, que esperamos como todos los que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzcan a una respuesta”, le dijo a Página/12 Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y titular del CIN.
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el ahogo financiero de las universidades. “Milei pretende gobernar por decreto, desconocer las leyes votadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando sus resoluciones afectan sus intereses”, dijo Solano. La presentación recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
Desde las 10.30, distintos centros de estudiantes y gremios empezarán a darse cita este jueves en la zona del Congreso para reclamar que no se siga desfinanciando a las universidades. En la marcha confluirán distintos reclamos: personas con discapacidad, jubilados y quienes salgan en defensa de la soberanía y contra la puesta en venta del país –o de la “ciudadanía”–.
Desde el oficialismo ya salieron a atacar a Cormick en las redes sociales. Daniel Parisini, alias Gordo Dan, procuró instalar desde X que se trata de un juez vinculado a La Cámpora. Desde La Derecha Diario lo acusaron de ser un juez K. El magistrado ya había sido blanco de ataques cuando declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
Más allá de los dardos que el oficialismo lanza contra el juez, la cautelar fue confirmada por los superiores de Cormick. Uno de ellos fue Sergio Fernández, uno de los tres camaristas invitados por el Gobierno a viajar a Francia para participar de la gira en la que Milei pretendía atraer inversiones. La decisión fue también ratificada por los tres integrantes de la Corte, que no suelen profesar antipatía por la administración de la motosierra.