La ventana de diez días que abrió la Corte Suprema al permitir la extranjerización de la tierra sin restricciones se convirtió en la oportunidad perfecta para concretar ventas de hectáreas que, hasta ese momento, la ley nacional prohibía. Un informe reciente del Observatorio de Tierras detectó que, en ese período, que se extendió desde el 29 de septiembre hasta el 9 de octubre, una inmobiliaria rural bajo el nombre ficticio de “Loma Alta Propiedades” ofreció a extranjeros campos con un lago privado en la Patagonia. La creación de la cuenta de Instagram de la inmobiliaria tres días antes del fallo de la Corte y la publicación de ofertas un día después dan cuenta de la información privilegiada con la que contaron los creadores de la web para promocionar terrenos justo los días que la tierra estuvo liberada para capitales foráneos. Todo en la antesala de la sesión en la que la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras sancionada en 2011. La ofensiva preocupa al Gobierno y al oficialismo en Diputados, que este miércoles buscará reponer los límites a la venta de tierras a extranjeros con tal de blindar el megadecreto, corazón del modelo libertario. Un repliegue cosmético mientras se prepara para vender ciudadanías “por inversión”.
La decisión procesal de la Corte Suprema que dejó sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras abrió una ventana de diez días sin los límites que esa norma establecía para la extranjerización del territorio nacional. ¿Qué pasó durante esos días? Es uno de los interrogantes que todavía no pudieron ser respondidos, aunque comienzan a aparecer indicios. El Observatorio de Tierras -integrado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet dentro del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria– detectó que, durante ese intervalo, Loma Alta Propiedades promocionó entre compradores extranjeros un campo de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut, con un lago privado y 16 kilómetros de costa sobre el río. La cuenta de Instagram fue creada tres días antes del fallo y el aviso apareció un día después, en castellano y en inglés. El 3 de octubre, la inmobiliaria reforzó la convocatoria con más entusiasmo: “Volvió el interés extranjero por el campo argentino”, según publicaron en redes sociales.
El informe documenta las ofertas y permite preguntarse si durante esos diez días se concretaron operaciones que la Ley de Tierras impedía. Para avanzar con la venta, Loma Alta ofrecía poner a los interesados en contacto con abogados y escribanos que asesoraran sobre las condiciones vigentes al momento de la compra, incluso en zonas de frontera.
Llamativamente, “Loma Alta Propiedades” no aparece inscripta con ese nombre. En las publicaciones de Zonaprop figura como responsable de las operaciones el corredor inmobiliario Martín Gough, con matrícula número 71. El Observatorio encontró su nombre en el Boletín Oficial de Chubut del 29 de octubre de 2025 como integrante de Ameghino 830 Propiedades, junto a Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo. Así, Loma Alta podría ser la fachada de otra inmobiliaria rural. Las ofertas comenzaron a desaparecer después del relevamiento. “Estas maniobras ponen de manifiesto que la ventana temporal abierta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo consecuencias inmediatas en el territorio nacional y podría haber consolidado derechos de propiedad de capitales extranjeros en zonas explícitamente prohibidas por la Ley de Tierras”, concluye el informe.
El trabajo del Observatorio de Tierras fue clave durante la discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Ese debate terminó con una derrota del Gobierno, que tuvo que retirar el capítulo que habilitaba operaciones vedadas por la Ley de Tierras. “No sabemos si efectivamente se llevó adelante una operación. Lo que vemos es que la inmobiliaria estaba muy atenta a todos los movimientos jurídicos y legislativos”, explicó Pablo Voldkin, del Observatorio, a este diario.
Días atrás, el diputado Sebastián Galmarini presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de treinta días, precise si el Registro Nacional de Tierras Rurales dejó de emitir certificados o de recibir solicitudes, si se comunicó a escribanos y registros que esos controles ya no eran exigibles y cuándo se reanudaron sus funciones. También pide identificar las operaciones escrituradas o inscriptas en ese período y establecer si alguna habría superado los límites de la Ley de Tierras, involucrado cuerpos de agua o afectado zonas de seguridad de frontera. La solicitud pone especial atención en los salares del norte, el acuífero Guaraní y las cuencas y lagos patagónicos.
Un acting en marcha
El último fallo contrarreloj de la Corte Suprema de Justicia le dio al Gobierno un salvoconducto para escapar de una crisis política que puso en riesgo la vigencia del DNU 70/2023. Con la nueva resolución, el Gobierno respiró aliviado y apuesta a que la sesión opositora programada para el jueves naufrague.
Este miércoles a las cuatro de la tarde, un día antes, el oficialismo discutirá en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El mismo Gobierno que buscó desarmar las restricciones a los capitales foráneos y tuvo que retroceder en el Senado por la enorme presión social ahora quiere reponerlas para resguardar el resto del DNU 70/2023. Para eso buscará sesionar el próximo 21 de octubre y promete a los aliados un temario con temas relevantes como la nueva Ley de Discapacidad y el dictamen libertario para paliar la morosidad.
La maniobra será solo una puesta en escena. Legisladores consultados por este diario advierten que “la tierra siempre fue el objetivo de este gobierno”, que ya tiene en marcha su plan B. Mientras muestran un novedoso interés por proteger la tierra, Luis Caputo anunció en París la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina.
Se trata de otro decreto que la oposición ya estudia con preocupación.
En la web argentina.gob.ar, el Gobierno anticipa que “El Programa estará operativo para recibir solicitudes en el transcurso del cuarto trimestre de 2026, propone dos mecanismos: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por USD 350.000; o suscribir un título público de USD 800.000 creado específicamente para este Programa”. En el Senado, una fuente parlamentaria dijo a este diario: “El Gobierno encontró el camino del pasaporte a 350 mil dólares. Va a terminar igual, argentinos con pasaportes comprados que se quedan con la tierra”. Y todo por decreto.