El Estado dejaría de recaudar unos 2.624 millones de dólares por año por los beneficios otorgados a los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuando alcancen su plena producción.
La estimación corresponde al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que actualizó sus cálculos con información de septiembre. El informe también cuestiona que las ventajas impositivas sean determinantes para atraer inversiones: al menos 13 de las 23 iniciativas autorizadas tenían antecedentes previos a la creación del régimen.
El cálculo pone el foco en el costo de las concesiones fiscales que acompañan los anuncios de inversión. Según el escenario de exportaciones considerado, la pérdida anual de recaudación oscilaría entre 1.837 millones y 3.411 millones de dólares. Se trata de una proyección para cuando los emprendimientos estén plenamente operativos, por lo que esas cifras no describen una resignación de ingresos ya concretada durante este año.
La principal partida identificada por CEPA corresponde a los derechos de exportación que el fisco dejaría de percibir. En el escenario base, ese componente alcanza los 1.021 millones de dólares anuales, cerca del 39 por ciento del costo estimado. La contrapartida de las mayores ventas externas será, así, una recaudación inferior a la que habría correspondido sin las exenciones del régimen.
Dentro de ese rubro aparecen las iniciativas petroleras VMOS y Rincón de Aranda. También figuran los proyectos de litio Rincón de Litio, Cauchari-Olaroz, Tres Quebradas, Hombre Muerto Oeste y Sal de Oro II. En plata, el informe incluye Diablillos, Gualcamayo y Vicuña. La distinción por producto resulta relevante: para gas, oro y cobre, CEPA señala que los derechos de exportación ya tenían una alícuota del 0 por ciento antes del RIGI.
Otro beneficio consiste en la reducción del Impuesto a las Ganancias. El régimen contempla una alícuota del 25 por ciento frente al 35 por ciento utilizado como referencia en el estudio. Esos 10 puntos de diferencia implican una renuncia recaudatoria de 763 millones de dólares anuales en el escenario base. El impacto se concentra en emprendimientos de elevada rentabilidad, entre ellos el proyecto de gas natural licuado de Southern Energy, Los Azules y Vicuña.
Entre ambos conceptos, las retenciones y el diferencial de Ganancias suman 1.784 millones de dólares por año. Es decir, explican alrededor del 68 por ciento de la pérdida de ingresos calculada. El volumen de inversiones comprometidas, por lo tanto, debe evaluarse junto con los recursos públicos que se resignan para mejorar las condiciones económicas de esos negocios.
La participación de YPF introduce otro elemento en la discusión. La compañía interviene directamente o cumple un papel protagónico en iniciativas que reúnen inversiones comprometidas por 19.932 millones de dólares. Ese monto equivale al 40,1 por ciento de los 49.766 millones aprobados hasta septiembre. Una porción considerable de los proyectos beneficiados tiene, de ese modo, a la petrolera como actor central.
El cuestionamiento de CEPA apunta además al origen de las inversiones. Más de la mitad de los proyectos autorizados ya habían sido anunciados, tenían estudios avanzados, registraban desembolsos o respondían a decisiones estratégicas anteriores a la ley. Ese antecedente no demuestra que todos fueran a ejecutarse en idénticas condiciones, pero debilita la presentación del conjunto como inversiones nuevas generadas exclusivamente por el incentivo.
Finalmente, el informe advierte que el denominado “SuperRIGI” ampliaría la factura fiscal al bajar Ganancias del 25 al 15 por ciento. La discusión excede entonces cuántos anuncios acumula el Gobierno: también exige determinar cuánto cuesta cada incentivo y qué inversiones adicionales produce. Si los beneficios alcanzan a emprendimientos previamente encaminados, el Estado resigna ingresos sin que esté acreditado que esa concesión haya resultado indispensable para concretarlos.