José Luis Espert no hizo un aporte jubilatorio en toda su vida. O sea, siempre trabajó en negro, realizó -supuestamente- fabulosas consultorías y nunca hizo los aportes correspondientes. Solo tiene registrados algo más de los 4 años de las cargas sociales que le pagó el Estado cuando fue diputado. Por lo tanto, Espert se presentó en la oficina de Anses de San Isidro para ver si puede acogerse a los beneficios de la ley 27.705, dictada durante el gobierno de Alberto Fernández. Para los previsionalistas, es una moratoria, o sea que Espert se suma a lo que su gobierno, el de Javier Milei, repudia, desecha y considera a los jubilados por moratoria como jubilados de segunda o tercera clase. La norma del gobierno del Frente de Todos permite comprar aportes anteriores a diciembre 2012 y con eso completar los 30 años de aportes que le permitirían acceder a una jubilación que no será la mínima, pero le pegará en el palo. Lo que le suma son los aportes por el buen sueldo que tuvo como legislador. Espert tiene que pagar toda la moratoria junta, es decir, lo equivalente a los 25 años que le faltan: unos 9 millones de pesos. En la oficina de Anses nadie entendía la lógica de la gestión, porque lo que hoy cobraría, unos 700.000 pesos, no le alcanzan a Espert ni para pagar una partecita mínima de los gastos de su suntuosa casa de Beccar, valuada en 487.000 dólares, que compró justito después de tomar contacto con el condenado estafador y lavador de dinero Federico Fred Machado, aún preso en Estados Unidos.
En realidad, no es seguro que Espert complete el trámite. Tiene que pagar la totalidad antes del 21 de noviembre, cuando cumple 65 años, y estar en condiciones de jubilarse. Es una cláusula obligatoria de la ley: se pueden comprar años de aportes, pero el día del cumplimiento de la edad jubilatoria tiene que estar todo pagado. De manera que recién se sabrá si se jubila el 21 de noviembre cuando cumpla edad y siempre que haya pagado los 25 años que compra.
Tras décadas de hablar violentamente contra el Estado y las moratorias, el exdiputado termina consumiendo lo que señalaba como veneno: una moratoria y los únicos aportes de relevancia, que fueron los que pagó el Estado cuando fue diputado. El resto, lo evadió.