La Cámara de Diputados del Chaco debatirá nuevamente el próximo lunes y el temario fue acordado durante el último encuentro de los legisladores en el recinto. De esta manera, los ejes serán la suplencia del Consejo de la Magistratura, el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), el sobreendeudamiento familiar y la tarifa de luz y agua.
Si bien inicialmente la sesión estaba prevista para el miércoles 30 de septiembre, durante el cuarto intermedio los diputados resolvieron trasladarla al lunes 28, a las 16.
QUÉ PLANTEA EL RINIEl proyecto de ley 1804/26 crea el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) "Chaco Invierte", una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca promover la radicación, ampliación, modernización y puesta en marcha de inversiones en la provincia.



Entre las herramientas contempladas se encuentran beneficios vinculados con el financiamiento, reducciones de la carga de Ingresos Brutos, exención del Impuesto de Sellos y certificados de crédito fiscal. El proyecto también establece un esquema de estabilidad tributaria para las inversiones que sean incorporadas al régimen.
De acuerdo con los fundamentos y el contenido difundido del proyecto, los beneficios también buscan generar impacto sobre el entramado productivo local, incluyendo condiciones relacionadas con el empleo y la participación de proveedores radicados en Chaco.
SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIARLa Legislatura también tratará dos proyectos para facilitar la refinanciación de deudas familiares. Las iniciativas apuntan a crear programas de desendeudamiento para familias chaqueñas, con créditos destinados a cancelar o refinanciar obligaciones y con condiciones financieras más accesibles. Una de las propuestas establece, además, un régimen especial para personas con discapacidad y familias que tengan integrantes con discapacidad a cargo.
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Proyecto 470/2026
El Proyecto de Ley 470/2026 propone crear el Programa Chaqueño de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, destinado a facilitar la cancelación, refinanciación o consolidación de deudas de consumo. La iniciativa contempla a trabajadores públicos y privados, jubilados y pensionados provinciales, empleados municipales de localidades que adhieran, trabajadores con cuenta sueldo en el Nuevo Banco del Chaco, monotributistas de las categorías A a D y trabajadores independientes, con determinados límites de ingresos.
El crédito estaría destinado exclusivamente a cancelar deudas anteriores, como saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales y obligaciones con bancos, mutuales, cooperativas y proveedores de crédito. El proyecto establece que la cuota no podrá superar el 30% del ingreso neto mensual y fija condiciones de tasas preferenciales, con un límite de TAMAR más 10 puntos porcentuales.
Además, contempla la creación de un Fondo Provincial de Garantía y Compensación de Tasa, que permitiría subsidiar intereses y otorgar garantías para facilitar el acceso al financiamiento.
Proyecto 1726/2026
El Proyecto de Ley 1726/2026, que se encuentra adjunto al 470/2026, propone crear el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, pero establece requisitos más específicos para quienes atraviesen una situación de vulnerabilidad financiera. Para acceder, las personas deberán tener deudas de consumo, registrar determinadas situaciones de atraso en la Central de Deudores del Banco Central, contar con ingresos familiares inferiores a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y demostrar que sus compromisos financieros representan más del 30% de los ingresos netos del grupo familiar.
La iniciativa fija una tasa nominal anual máxima del 35%, un plazo mínimo de 24 meses y una cuota que no podrá superar el 30% de los ingresos familiares. A su vez, incorpora condiciones especiales para personas con discapacidad y quienes tengan familiares con discapacidad a cargo: tasa máxima del 25%, plazo mínimo de 36 meses, cuotas de hasta el 25% de los ingresos y posibilidad de un período de gracia de hasta tres meses. También propone reservar al menos el 20% del monto total del programa para estos beneficiarios y contempla subsidios provinciales, fondos de garantía, beneficios fiscales para entidades adheridas y mecanismos de transparencia y control.
TARIFA DE LUZ Y AGUAAsimismo, los diputados analizarán proyectos para congelar tarifas y transparentar las facturas de luz y agua. Las iniciativas plantean, por un lado, suspender aumentos tarifarios y cortes de suministro para determinados usuarios y, por otro, establecer nuevas obligaciones de información para que hogares y PyMEs puedan conocer con mayor claridad cómo se componen sus facturas.


El Proyecto de Ley 414/2026 propone suspender durante 180 días cualquier aumento, actualización o incremento en las tarifas de energía eléctrica y agua potable en la provincia. La medida alcanzaría a los servicios prestados por SECHEEP y SAMEEP y abarcaría los incrementos vinculados con las revisiones tarifarias realizadas durante 2026.
Además, establece que durante ese período no podrán realizarse cortes, retiros de medidores u otras medidas que impliquen la interrupción del suministro por falta de pago a usuarios residenciales, jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, electrodependientes y microemprendimientos familiares registrados.
La iniciativa también establece que las empresas deberán implementar planes especiales de regularización y financiación de deudas, con condiciones de pago consideradas razonables y sin intereses punitorios durante la suspensión de los cortes. Según los fundamentos, el objetivo es evitar que los incrementos tarifarios agraven la situación económica de los hogares y sectores productivos. El proyecto fue presentado el 16 de marzo y figura actualmente en trámite, con pase a despacho.

El Proyecto de Ley 386/2026 propone crear una Ley de Transparencia Tarifaria de los Servicios Energético y de Agua para hogares y PyMEs. La iniciativa establece que las empresas prestadoras deberán incorporar en las facturas información clara y visible sobre el valor del consumo, impuestos, tasas, cargos adicionales, subsidios y bonificaciones, además de detallar cuánto varió la tarifa respecto del período anterior y qué porcentaje de aumento o disminución se aplicó. También plantea que cualquier modificación tarifaria que implique un aumento sea comunicada con 30 días de anticipación a través de la factura, los sitios web oficiales y otros canales institucionales.
El proyecto incorpora, además, una herramienta digital gratuita de simulación tarifaria, que permitiría a usuarios y empresas estimar cuánto podrían pagar ante eventuales modificaciones según su nivel de consumo y categoría. El texto establece que el incumplimiento de estas obligaciones será sancionado de acuerdo con las normas vigentes de defensa del consumidor y fija un plazo de 60 días para su reglamentación una vez promulgada. La propuesta fue presentada el 13 de marzo de 2026 y se encuentra en trámite legislativo.