En el marco de una severa crisis financiera y productiva que derivó en la solicitud de concurso preventivo de acreedores, el grupo avícola Granja Tres Arroyos ofreció a los trabajadores de su planta de Pilar (ubicada en La Lonja) abonar parte de sus sueldos adeudados con pollo.

La insólita propuesta en especie surgió durante las audiencias de negociación con los gremios en medio de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La planta afectada en Pilar es operada por Wade S.A, sociedad vinculada a los activos de la extinta Cresta Roja e integrada al grupo—. En ese establecimiento, previamente se habían pactado medidas como entregas puntuales de cajones de pollo y adelantos a cuenta para intentar mitigar el impacto sobre el personal.

La oferta de pago en mercadería se da en un contexto de drástico reducción de la plantilla laboral a nivel nacional. Recientemente, la firma emitió alrededor de 1.200 telegramas de cesantía en sus diferentes complejos de la provincia de Buenos Aires: 700 despidos en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
Si bien el volumen de desvinculaciones en Pilar es menor en términos absolutos, el impacto operativo resulta crítico por las suspensiones y parates previos que ya habían diezmado a su personal. En total, las presentaciones ante la Justicia reconocen más de 1.700 desvinculaciones acumuladas en el grupo durante los últimos meses.

Por el momento, los despidos masivos permanecen congelados gracias a las medidas de conciliación obligatoria dictadas por la cartera laboral bonaerense, las cuales retrotrajeron las cesantías de manera preventiva mientras avanzan las negociaciones sindicales.
El deterioro financiero de Granja Tres Arroyos se reflejó con dureza en la documentación que la compañía acompañó ante los tribunales comerciales. Al cierre del ejercicio 2025, la firma declaró una deuda de $536.000 millones. A ese pasivo histórico se le suma el ahogamiento operativo provocado por la acumulación de más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados.
El pasivo informado ante la Justicia se desglosa de la siguiente manera:
Deuda financiera: $199.000 millones.
Compromisos con proveedores: $161.000 millones.
Deudas laborales y fiscales: $78.000 millones.
Impuestos: $52.000 millones.
Obligaciones comerciales: $46.000 millones.