La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, exige a las cámaras del sector una «instancia integral de negociación» para discutir un aumento salarial aplicable desde el 1° de septiembre y una revisión de lo acordado en marzo. El objetivo, según el comunicado enviado a las tres cámaras empresarias, es «recomponer el poder adquisitivo de los salarios» y establecer nuevas condiciones convencionales para los próximos meses. El reclamo se enmarca en la pérdida sostenida del poder de compra que, según el gremio, se profundizó por el desfase entre la inflación y la actualización de los sueldos.
El pedido de Camioneros incluye, además de la reapertura paritaria, la exigencia de elevar un 20% el adicional por profesionalidad para los trabajadores de Larga Distancia, en función de «la profesionalidad, responsabilidad y particularidades propias de la conducción de larga distancia». También se reclama un plus por presentismo para los empleados de Expreso y Mudanza y el incremento de la Contribución Extraordinaria Patronal destinada a las obras sociales del sector, actualmente en $25 mil mensuales. El sindicato advirtió que «el aumento de los costos en el sector pone en riesgo la atención de la salud», por lo que exige una respuesta «urgente».

La pulseada gremial por la recomposición salarial ocurre en un escenario institucional complejo para la parte empresarial. El Ministerio de Justicia dispuso la «inmediata intervención» de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), con desplazamiento de sus autoridades, por un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación económica y patrimonial. La resolución argumenta que la entidad atraviesa un «riesgo institucional y patrimonial», derivado del incumplimiento en la presentación de balances (adeuda los ejercicios 2012, 2014 y de 2020 a 2025) y un severo desequilibrio financiero detectado durante una intervención anterior.
La CATAC, junto a FAETYL y FADEEAC, es una de las cámaras que negocia los acuerdos salariales con el sindicato de Moyano. La entidad, que ya había sido intervenida en diciembre de 2024 y que tiene un historial de denuncias por irregularidades en su conducción, estará ahora bajo la dirección del interventor Gastón Gabriel Di Bella. El último aumento pactado para el sector fue en junio pasado, del 2,68% en concepto de revisión salarial, una mejora de $27.258 en el bolsillo de los trabajadores. La nueva intervención a la cámara empresarial y el reclamo urgente de Moyano configuran un escenario de incertidumbre, a pocos días de una negociación paritaria que se anticipa clave para uno de los gremios con mayor peso en la economía argentina.