El Presupuesto para el año próximo que presentó el gobierno de Milei en el Congreso ahora económicamente a las provincias al transferirle más gastos al mismo tiempo que le recorta recursos. Pero al mismo tiempo acumula en favor de la Nación, la locura de 10 mil millones de dólares sin destino específico, es decir, para manejo discrecional de Milei y Caputo.
Esta es la lectura que hizo del análisis del Presupuesto el tributarista y diputado peronista, Guillermo Michel, que detectó la inusitada acumulación de fondos en el capítulo "Jurisdicción 91", una herramienta creada justamente para amontonar fondos discrecionales que faciliten negociaciones políticas.
"Nosotros hicimos locuras, pero como esta nunca", se sorprendió un compañero de bloque de Michel, en diálogo con LPO. "El presupuesto asfixia de manera deliberada a las provincias, para someterlas y forzarlas a aceptar la estrategia del gobierno en el año electoral", agregó Michel.
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El diputado incluso elaboró un documento (ver documento adjunto) para detallar el diseño del gobierno libertario. "Las provincias pierden por dos vías: la Nación les pasa obligaciones -transporte, docentes, obras- sin los recursos, y les recorta las transferencias no automáticas", explicó. 
"Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación: la 'Jurisdicción 91', que pasa de $5,6 billones de pesos a $14,8 billones", señaló el enterriano. 
Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación: la 'Jurisdicción 91', que pasa de $5,6 billones de pesos a $14,8 billones.
Y explicó que en esa "Jurisdicción 91", esta el programa 99, 'Otras Asistencias Financieras' que acumula $7,7 billones de pesos sin metas físicas, sin artículo que lo cree y sin criterio de reparto. Es la plata con la que se 'auxilia' (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos que, de facto, tiene que afrontar. Es la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027.
Michel incluso aporta algunos datos para entender cómo se siguen transfiriendo obligaciones a las provincias sin los recursos respectivos: 
Transporte del Interior: El Fondo Compensador para el interior, que en el año 2023 fue de $102.000 millones y llegaba a 14.000 colectivos, fue eliminado en febrero de 2024 y en el 2027 sigue sin partida asignada. Los docentes del interior siguen perdiendo. 
FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente): Alcanzó los $333.000 millones en 2023; el gobierno no lo paga desde 2024 y en 2027 no tiene partida. Para salario docente sólo queda el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones.
Rutas, obras y viviendas para el interior: Todas a cargo de las provincias y sin asistencia de la Nación, 457 obras transferidas a provincias y municipios; traspasos de rutas nacionales por 20 años (mantenimiento, obras y peaje); ENOHSA disuelto; Procrear y Fondo de Vivienda Social liquidados; función Vivienda $26.000 millones, solo el 0,01% del gasto total. Las responsabilidades vienen sin fondeo y se siguen recortando las transferencias. De hecho, las de capital a las provincias caen 20% real en 2027. 
Impuestos: Entre los impuestos que más crecen están Combustibles (+59,3%), Derechos de exportación (+41,3%) y Derechos de importación (+39,2%), pero la Nación se queda con casi todo: exportación e importación no se coparticipan, y de Combustibles las provincias reciben apenas un cuarto. El resto queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin hacer obra pública: el gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos. 
Frente a esto el gobierno acumuló más de $15 billones en la Jurisdicción 91, de los cuales $7,7 billones en "Otras Obligaciones Financieras", que según explica Michel, "no tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro'. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve?: es la plata con la que se presiona a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para el año electoral".