Las nuevas denuncias sobre hechos de corrupción que habrían ocurrido en la residencia de Olivos apuntan al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Marcela Pagano, electa diputada con la boleta de La Libertad Avanza y hoy enfrentada a la gestión libertaria, asegura que el Gobierno utilizó a un jubilado que vive en un barrio carenciado para inscribirlo como “proveedor” del Estado. A su nombre se habrían facturado más de $600 millones de pesos que, según sugirió, fueron cobrados por el entorno de Karina. La diputada anticipó que este lunes realizará en la justicia una ampliación de su denuncia inicial.
Pagano publicó en sus redes sociales, por otra parte, que las compras y contrataciones de carritos de golf eléctricos destinados al traslado dentro del predio presidencial se multiplicaron de forma injustificada, beneficiando de manera exclusiva a la firma Melex, y habló de gastos exorbitantes en aromatizadores de ambiente. Sus denuncias tomaron fuerza tras la decisión del presidente Milei de despedir a trabajadores de la residencia de Olivos y reemplazar a todo su personal civil, para encargarle a la Casa Militar que se ocupe de las tareas operativas en la Quinta.
Hasta ahora no se sabe el motivo de los despidos. El argumento de Presidencia fue el de reforzar la “seguridad de la Quinta”. De acuerdo al comunicado oficial, la medida fue tomada “en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina”.
Esta explicación no convenció y circularon otras hipótesis. Una es que uno de los perros de Milei se habría intoxicado y el presidente sospecha de un intento de envenenamiento. Otra, que Milei se puso furioso porque una nota periodística reveló que el gobierno licitó la compra de 29 toneladas de carne de calidad premium para abastecer a la Casa de Gobierno y la Residencia de Olivos por un valor de 500 millones de pesos. Las compras de carne, frutas y verduras para Olivos han crecido en volumen y el gobierno no ha respondido preguntas sobre cuántas personas comen diariamente en el lugar.
Para la diputada Pagano, el verdadero objetivo del gobierno con los despidos fue “disimular los ‘curros’ con los proveedores y el afano de mercadería”. Publicó que la cocina de la residencia de Olivos estaba a cargo de Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, subsecretaria general de la presidencia y persona de confianza de Karina Milei. Analía Agudiez era a la vez pareja del intendente de la residencia de Olivos, Osvaldo Sosa. La familia Agudiez es dueña de una empresa de catering. “La carne q se compraba ¿iba toda a Olivos o se desviaba a los caterings?”, se preguntó la diputada.
En la denuncia que llevó a la justicia, pidió que se investigue a Karina Milei, a la subsecretaria de la Presidencia, Belén Agudiez, al ex intendente de la Residencia de Olivos, Javier Sosa y otros funcionarios por los presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado (hurto), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La diputada incluyó en la denuncia a la empresa Fransro, proveedora de alimentos.
“No se denuncia que el Estado compre alimentos para sus dependencias; se denuncia que compra cantidades que ninguna estimación razonable puede explicar, con estándares de calidad superiores a los que puede permitirse cualquier familia argentina”, sostiene el escrito.
“Aún computando el personal de la Residencia, a la custodia y a los eventos oficiales, se trata de volúmenes que exceden por mucho lo que un residencia puede consumir, y el Poder Ejecutivo -que dispone del dato- se niega a informar cuántas personas comen allí. Además del elevado consumo de carne, la denuncia sostiene que una compra de vegetales para seis meses se reemplazó a los cuatro meses y medio, lo que implica que la residencia presidencial habría recibido más de 150 kilos diarios de frutas y verduras.
La demanda habla de nepotismo en las designaciones: cuestiona a la subsecretaria Belén Agudiez por haber nombrado en la administración presidencial a diversos familiares, incluyendo a su primo, Javier Sosa, designado como intendente de la Quinta de Olivos.
Su principal hipótesis es que los alimentos premium comprados con fondos públicos eran desviados al emprendimiento privado de catering perteneciente a Javier Sosa y su pareja, la hermana de Belén Agudiez, para ser comercializados en eventos particulares.
La solicitud a la justicia contempla que se tomen medidas de preservación de prueba, tales como el resguardo de registros informáticos y filmaciones de las cámaras de seguridad, una constatación e inventario judicial en los depósitos de Olivos, y que se cite a declarar a los trabajadores civiles despedidos.
La denunciante consideró que el desplazamiento de los empleados, que son testigos clave, y la transferencia de todas las actividades a la Casa Militar generan un alto riesgo de alteración, extravío o destrucción de las pruebas.