Entre las calamidades que prepara el Presupuesto 2027 hecho a imagen y semejanza de Javier Milei hay una que prevé asestarle un duro golpe a las familias de bajos recursos económicos y a los trabajadores y trabajadoras que reciben ayuda estatal: la eliminación de la normativa que actualiza las asignaciones familiares y la ayuda social.
La propuesta incluida en el programa de gastos y proyecciones para el año electoral es derogar tres artículos clave del Régimen de Asignaciones Familiares dispuesto en la ley 27.160, la norma sancionada hace una década que establece la movilidad de esos beneficios en función del índice de inflación.
Por esa legislación, mes a mes las familias perciben un ligero incremento –pero aumento al fin- en las asignaciones (para el caso de quienes trabajan en blanco) y prestaciones no contributivas como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y discapacidad.
El golpe también se le asestará a las asignaciones por nacimiento o adopción, a la ayuda escolar y hasta la asignación por matrimonio.
No es la primera vez que la administración de La Libertad Avanza (LLA) intenta una movida de este tipo en un escenario legislativo por momentos adverso. También lo propuso en el Presupuesto 2026 y fracasó.
La diferencia de esta vez es que, en caso de prosperar, la medida podría significarle un tiro por la culata a la constante prédica de haber sacado de la pobreza a millonadas de personas. No obstante, la saña del Gobierno con los sectores más desprotegidos es como la naturaleza del escorpión que cruza el río en el lomo de una rana.
Si la propuesta de eliminar la movilidad de las asignaciones logra la mayoría en el Congreso, el Poder Ejecutivo podrá ejecutar a discreción el porcentaje de aumento o bien congelarlas. Esto podría ser así porque el texto del Presupuesto no incluye los parámetros a partir de los cuales se actualizarían esos beneficios.
Hasta ahora, la forma en que se establecen esos incrementos es a través de los decretos mensuales en que el Poder Ejecutivo anuncia el porcentaje de aumento de las jubilaciones y pensiones.
A partir de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), las asignaciones están atadas automáticamente a la movilidad previsional, que también depende del índice de inflación.
Lo que adujo el oficialismo es que la movilidad se mantendrá porque el Régimen de Asignaciones no será eliminado, y su vigencia es la garantía de que haya aumentos. Pero como lo que no se escribe no compromete, el debate sobre una alternativa al respecto quedó abierto.
El arca de las asignaciones sobre la que el Gobierno pretende sentarse se reparte entre 4.144.000 de personas que reciben la AUH; 3,3 millones que cobran ayuda escolar y alrededor de 91 mil de la asignación por embarazo.
Lo que se da son migajas. Por ejemplo, la AUH y la AUE dan 150 pesos por mes a sus beneficiarios; es decir, apenas un 10 por ciento de lo que una familia necesita para no ser pobre.