La deuda que comenzó con un préstamo de apenas 8.000 pesos terminó multiplicándose hasta alcanzar los 127.000 pesos en el lapso de aproximadamente un año. El caso es ahora el punto de partida de una demanda contra Mercado Pago por el presunto cobro de intereses abusivos que, según los cálculos de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), superaron el 1.300 por ciento anual. La acción busca además convertirse en colectiva y podría alcanzar, según estima la organización, a unos siete millones de usuarios de la plataforma.
El expediente fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Página/12, el abogado explicó que el reclamo nació a partir de un caso individual de una persona que pidió dinero prestado para comprar pañales para una hija y que llegó a pagar parte de las cuotas antes de que la deuda se volviera imposible de afrontar. Pero que la estrategia de la asociación apunta a que la Justicia reconozca que detrás de esa situación existe un problema que podría involucrar a un universo mucho mayor de consumidores.

“Este caso es el reclamo de una persona a la que le prestaron 8.000 pesos y terminó devolviendo 127.000 en un año. Esto implica más de 1.300 por ciento de interés”, señaló Espasandín a este diario. El abogado sostuvo que las tasas observadas “superan ampliamente los parámetros” que deberían aplicarse según el Código Civil y Comercial y con las normas de protección de los consumidores..
El punto central del reclamo no es que una persona haya tomado un crédito y luego haya dejado de pagarlo. La controversia está puesta en cuánto puede crecer legalmente una deuda cuando el consumidor entra en mora y en qué momento una tasa deja de ser el costo del financiamiento para convertirse en una carga desproporcionada. El Código Civil y Comercial establece reglas para la capitalización de intereses y habilita a los jueces a reducirlos cuando la tasa o el resultado de la capitalización aumentan de manera injustificada.
La Ley de Defensa del Consumidor también establece requisitos específicos para las operaciones financieras. El artículo 36 obliga a informar de manera clara la tasa de interés efectiva anual, el costo financiero total, el sistema de amortización, la cantidad y periodicidad de los pagos y los gastos adicionales. Para Espasandín, este marco permite llevar a los tribunales los casos en los que el costo financiero resulte abusivo.
El costo ocultoEsta discusión adquiere una dimensión mayor porque las fintech se convirtieron en uno de los principales canales de acceso al crédito para sectores que muchas veces no pueden obtener financiamiento bancario tradicional. Un ejemplo difundido por el economista Martín Burgos puso el foco precisamente en ese mecanismo de presentación de los préstamos fintech. Según el planteo, un crédito de 100.000 pesos puede ser exhibido comercialmente con una devolución inicial de 109.000 pesos, haciendo que el costo parezca ser simplemente de 9.000 pesos.
El problema aparece cuando ese valor se anualiza y se considera qué ocurre si el consumidor no consigue cancelar el crédito en el corto plazo. El costo financiero anual puede alcanzar niveles extraordinariamente elevados del 850 por ciento. El ejemplo fue utilizado ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados por la propia Cámara Argentina Fintech.
La forma de comunicar estos créditos es parte del problema. La placa exhibida muestra en grande que una persona pide 100.000 pesos y devuelve 109.000, lo cual permite fijar la atención sobre los 9.000 pesos adicionales y no sobre la tasa efectiva que surge de mantener ese financiamiento durante un período prolongado. Para un consumidor con baja educación financiera, esos 9.000 pesos pueden aparecer como un costo razonable por acceder rápidamente al dinero. Pero si el crédito no se cancela en el plazo previsto, la deuda puede escalar hasta un 850 por ciento.
En busca de ser colectivaLa causa contra Mercado Pago tiene una particularidad: el reclamo individual pretende convertirse en una acción colectiva. El caso que llegó a la Justicia es el de una consumidora que se acercó a ACFRA para plantear su situación, pero la asociación buscará que el expediente pueda alcanzar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares con los créditos otorgados por la plataforma.
“El reclamo siempre arranca de manera individual. En este caso, la persona se acercó a ACFRA con su situación y luego se pide la certificación de clase”, explicó Espasandín a Página/12. Según detalló, si la Justicia reconoce el carácter colectivo del planteo, el proceso podrá abarcar a una parte de los 7 millones de usuarios de la plataforma que se encuentren en condiciones similares.
El alcance efectivo de la eventual acción colectiva dependerá de las decisiones que adopte el tribunal y de las condiciones que establezca para definir la clase. “El primer paso es pedir una cautelar para que dejen de cobrarse los intereses”, señaló Espasandín. El objetivo de fondo, agregó, es que se determine cuánto se cobró por encima de lo que correspondía en cada caso y que esas sumas sean restituidas. El proceso deberá determinar entonces qué operaciones quedan alcanzadas, qué tasas fueron efectivamente aplicadas y cuál fue el impacto de la capitalización de los intereses sobre cada deuda.
El reclamo judicial llega en un momento en que el crédito no bancario ganó un peso considerable dentro del financiamiento de los hogares. La expansión de las billeteras digitales permitió ampliar el acceso a préstamos de corto plazo, pero también llevó a sectores con menor capacidad de repago a tomar financiamiento en condiciones que resultan particularmente gravosas.
En la Argentina existen alrededor de 20 millones de personas con algún tipo de deuda y cerca de 6 millones atraviesan situaciones de mora, según datos oficiales del Banco Central. Entre quienes tienen atrasos, buena parte son préstamos de bajo monto destinados a compras corrientes, como la de los pañales que originó la denuncia. La mayor cantidad de deudores de bajo monto lo concentran las fintechs.
La mora entre proveedores no financieros de crédito pasó del 7,3 al 30,1 por ciento entre fines de 2024 y junio de 2026. Puntualmente en el sector bancario, en el mismo período la irregularidad crediticia de las familias se multiplicó por siete, al pasar del 2,5 al 18 por ciento.
El crecimiento de la mora llegó incluso a ser señalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su conferencia de prensa de este jueves, aunque desde una perspectiva diferente. La directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, sostuvo que el aumento de los atrasos de los hogares no representaba un riesgo para la estabilidad del sistema financiero ya que los bancos tienen liquidez suficiente.
El problema es que detrás de la tranquilidad de los balances bancarios hay millones de familias para las que la deuda dejó de ser una herramienta de financiamiento y se convirtió en una carga que sus ingresos ya no pueden absorber.