Este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el territorio nacional la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina. La medida introduce cambios profundos en el sistema judicial de menores, siendo el punto más destacado la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años para quienes cometan delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual y secuestro.
La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, busca dar respuesta a una demanda histórica de actualización legal, reemplazando el esquema anterior.
De acuerdo con el texto oficial, el sistema procesal penal juvenil funcionará bajo un enfoque diferenciado del de los adultos, priorizando la resocialización pero garantizando la responsabilidad penal de los adolescentes.
LÍMITES ESTRICTOS A LAS PENAS Y ESTABLECIMIENTOS DIFERENCIADOSA pesar de la reducción en la edad de imputabilidad, la ley fija límites severos a las condenas aplicables a los menores de edad. Queda estrictamente prohibida la prisión perpetua y se establece un tope máximo de 15 años de prisión para los casos de extrema gravedad. 
Asimismo, la normativa determina de forma taxativa que los jóvenes bajo este régimen bajo ningún concepto podrán compartir espacios de reclusión con personas adultas. Para ello, el Estado deberá garantizar su alojamiento en institutos especializados de detención juvenil, enfocados en la contención y la reinserción social.
MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA DELITOS MENORESPara aquellos casos donde la escala penal del delito cometido no supere los tres años de prisión, la ley contempla un abanico de sanciones sustitutivas que evitan el encierro del adolescente.
Entre las opciones reguladas se encuentran las amonestaciones formales, las prohibiciones de acercamiento a las víctimas, la prestación de tareas comunitarias y el uso de dispositivos de monitoreo electrónico.
En todos los escenarios, ya sea bajo prisión o con medidas alternativas, el nuevo régimen vuelve obligatoria la continuidad pedagógica de los jóvenes. El sistema judicial y los centros de alojamiento deberán asegurar el acceso irrestricto a la educación escolar y la formación en capacitación laboral de los menores bajo proceso.