Los gremios universitarios remarcan que, mientras el Gobierno no cumpla con la ley, continuarán las medidas de lucha. Desde la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) compartieron que “la universidad pública no se rinde”, y anunciaron un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la ley aprobada y publicada en el Boletín Oficial hace más de 300 días. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, sostuvo que la idea es tratar de tener “acciones coordinadas entre todos los sindicatos docentes y no docentes, para encaminarnos a una nueva marcha nacional universitaria”.
Hoy por la mañana se reunirán el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las distintas federaciones de trabajadores y la entidad de los estudiantes (FUA), para analizar la situación, planear los pasos a seguir y confirmar si la medida de 48 horas nucleará a todos los gremios para darle más fuerza a la lucha. La iniciativa de un nuevo paro se da en un contexto de hartazgo generalizado, luego de que la Ley de Financiamiento haya sido ratificada por el Congreso y por distintos fallos judiciales que ordenan su cumplimiento, pero aún así el oficialismo se empeña en colocar obstáculos legales para postergar su cumplimiento.

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde que asumió la presidencia Javier Milei, por lo que requerirían un incremento superior al 50% para equiparar el nivel de compra que tenían en diciembre de 2023.
Desde hace más de dos años que los trabajadores universitarios advierten el intento del Gobierno por vaciar y dejar obsoleto al sector. Hoy, resulta fácil comprobarlo. Según el CIN, desde que asumió Milei más de diez mil docentes e investigadores renunciaron a sus cargos en universidades nacionales. Solo en la Facultad de Ciencias Exactas hubo 438 renuncias, y en la UTN más de mil.
Todo esto se debe a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la Ley ratificada en octubre del 2025, lo que tiene un impacto directo sobre los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas, y sobre las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.
Para Perazzi, “la cuestión salarial no se va a resolver si no se resuelve primero la cuestión política, y la cuestión política no se va a resolver sin movilización popular”. Los gremios apuntan a convocar una nueva marcha nacional que exprese el valor que la sociedad argentina le otorga a las universidades públicas.
Tras cinco días de paro por parte de los trabajadores que integran la Conadu Histórica, realizado del 18 al 22 de agosto, los trabajadores de las universidades públicas continúan reclamando sus derechos y le exigen al gobierno libertario que cumpla con lo impuesto por los poderes Legislativo y Judicial, los cuales han ratificado el deber del Ejecutivo para pagar los aumentos correspondientes según marca la ley N° 27.795.
Desde AGD UBA denunciaron que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, definió el paro de la semana pasada como “ilegal” y cargado de una motivación únicamente “política”. Hasta 2018 Álvarez militó en la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), pero ahora es fiel a los discursos mileístas que atacan a los integrantes de la comunidad científica y universitaria.
La asociación gremial determinó que mensajes de este tipo representan un “vulgar ataque a la organización sindical independiente y combativa de la docencia pre y universitaria de la UBA”, y resaltaron que AGD UBA es un sindicato inscripto legalmente, con más de cinco mil afiliados y reconocimiento en la mayoría de las universidades académicas. También determinaron que “mientras no haya solución a nuestro reclamo, habrá paro. Legal y legítimo por la fuerza de la docencia de nuestra universidad y del conjunto de las universidades nacionales”.
El viernes pasado se realizó una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick entre representantes del Gobierno y de las universidades públicas, donde no hubo acuerdo. Ahora, los gremios esperan la paritaria convocada para el primero de septiembre. Viendo hacia atrás, Perazzi afirmó que el Gobierno no cumple con ninguna paritaria ni acuerdo alguno que esté relacionado con el sector trabajador, por lo que “nosotros sólo confiamos en el trabajo de la comunidad universitaria, en la pelea que estamos dando”.