Javier Milei pasó la motosierra en casi todas las áreas del Estado desde que llegó al Gobierno, pero la poda no se hizo en todas las áreas. Seguridad e inteligencia fueron los elementos que más crecieron en los últimos años. La administración de La Libertad Avanza (LLA) destinó más de 1,2 millones de dólares para adquirir tecnología dedicada a la vigilancia, según documentó Amnistía Internacional en un informe en el que advierte sobre el impacto en los derechos humanos y en la participación social.
"Desde el inicio de sus funciones en diciembre de 2023, el Gobierno actual en la Argentina generó una infraestructura orientada a aumentar su capacidad de vigilancia y control sobre el espacio público, tanto físico como digital, implementada mediante decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, sin participación del Congreso Nacional. Dicha infraestructura se configuró a través de la creación de nuevas áreas de gobierno, la publicación de protocolos específicos para las fuerzas federales, la modificación del Sistema de Inteligencia Nacional, la asignación presupuestaria, así como mediante una serie de compras y contrataciones. destinadas a la implementación de estas nuevas funciones y objetivos”, describieron desde Amnistía Internacional en el reporte Estado de vigilancia.

Para la organización de derechos humanos, la vigilancia juega un papel central en la agenda de gobierno de Milei. “Las tecnologías de vigilancia no operan como herramientas neutrales, sino como parte de una infraestructura orientada al control social, la persecución de la disidencia y la restricción del espacio cívico”, añade el informe.
En los dos primeros años en la Casa Rosada, Milei llevó adelante una serie de reformas –siempre por decreto– que modificaron el sistema de inteligencia. En 2024, propició el regreso de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), repitiendo la denominación que le había dado la última dictadura. En diciembre del año pasado, el Presidente promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 que amplió las facultades de inteligencia y contrainteligencia, reforzó la lógica del secreto y posibilitó un mayor intercambio de información entre distintos organismos.
Si hay algo que tiene en claro el Gobierno es que la información es poder. Por eso, aumentó la capacidad estatal de recolectar y centralizar datos. No es un topo que viene a minar al Estado cuando se trata de vigilar y castigar.
Por decreto también, Milei reformó el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA). De esa forma, se crearon nuevas estructuras, como el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), y se formalizaron prácticas como el ciberpatrullaje sin autorización judicial. El Ministerio de Seguridad –de la mano de Patricia Bullrich– avanzó también en la creación de identidades digitales ficticias y en la formación de agentes encubiertos en entornos digitales.
Ese andamiaje legal no puede entenderse sin la herramienta más potente con la que cuenta el Gobierno para controlar las calles: el llamado protocolo antipiquetes, que Bullrich puso en marcha tan solo cinco días después de la asunción de Milei. El protocolo –cuya legalidad debe ser revisada por la Corte Suprema– permite la creación de registros específicos de organizaciones y manifestantes que suelen movilizarse.
Según Amnistía Internacional, el despliegue de estas políticas y tecnologías de vigilancia tiene impactos directos en derechos humanos al producir lo que se conoce como el “efecto inhibidor”. Las personas se sienten vigiladas –por ejemplo, varios de los entrevistados por la organización hablaron de la presencia de drones en las manifestaciones– y eso las lleva a abandonar determinadas prácticas, como la participación en movilizaciones o en redes sociales.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, Milei destinó más de 1,2 millones de dólares para la adquisición de tecnología destinada a la vigilancia. En octubre del año pasado, invirtió 33.500 dólares en el software para reconocimiento facial Clearview AI, que fue denunciado en otras partes del mundo por el uso de datos personales sin ningún tipo de autorización. Para esa época, el Gobierno también dispuso de 239.013 dólares para adquirir la licencia de la plataforma Maltego, que permite cruzar y analizar fuentes abiertas.
Los drones, que aparecieron como una de las fuentes de temor de los activistas entrevistados por Amnistía, fueron también uno de los gastos en los que el Gobierno incurrió. En 2024, se destinaron 551.685 dólares para la adquisición de drones compactos para la seguridad pública. Al año siguiente, se invirtieron 391.325 dólares en la compra de estaciones terrestres de operaciones de drones.
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, Bullrich compró 69 drones en 2024, pero los presentó en sociedad al año siguiente. Al momento de presentarlos, Bullrich dijo que los drones no tenían identificación facial. “Son para investigaciones criminales, que nada tienen que ver con manifestaciones”, dijo la entonces ministra de Seguridad. Sin embargo, Amnistía Internacional sostiene que hay evidencia del uso de los drones para la vigilancia de protestas en, al menos, dos oportunidades.
De acuerdo con la organización, se emplearon drones para monitorear la protesta del 19 de marzo de 2025. Es la que se hizo una semana después de la represión que casi le cuesta la vida al fotógrafo Pablo Grillo. Para entonces, la Casa Rosada dejaba trascender que no solo estaba involucrado el Ministerio de Seguridad en el diseño del operativo, sino también la propia SIDE. Amnistía Internacional también descubrió un video que publicó la PFA sobre “el rol de los drones en los operativos policiales”. En esa publicación, se ve que son utilizados en el contexto de una manifestación.
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, definió como una “incertidumbre” el rol que podría jugar dentro de este esquema Palantir, la empresa del tecnomagnate Peter Thiel. El cofundador de PayPal estuvo reunido con Milei en la Casa Rosada. Su visita coincidió con una rara maniobra del Gobierno: una denuncia contra dos periodistas por supuesto espionaje que favoreció el cierre de la sala de prensa para los otros trabajadores de medios de comunicación. Thiel está instalado en Barrio Parque –donde el lunes hubo una ocurrente protesta de personas disfrazadas como Gandalf– y recientemente se conoció que también desembarcaría en Vaca Muerta tras comprar acciones de Vista.
Para la referente de la organización, no se trata de analizar de manera aislada cada una de las medidas que fue tomando el Gobierno nacional –y que contaron con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad en muchos casos– sino de entender que se fue construyendo una “arquitectura de vigilancia”.
Desde Amnistía Internacional, no descartaron que vayan a llevar adelante distintas estrategias en los tribunales –como la presentación de recursos de hábeas data para conocer qué información tienen los organismos de inteligencia sobre activistas–. En paralelo, también reclamaron el correcto funcionamiento de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), que se reunió una sola vez en lo que va del año. Está previsto que el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, se presente ante los integrantes de este cuerpo parlamentario antes de que termine el mes.