El operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó bajo la lupa judicial.


El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gustavo Antonio Gauna, a quienes pidió investigar por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 6 de agosto.
La denuncia alcanza además a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder.


Según sostiene la denuncia, el comisario inspector aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.
“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación. También solicita que el efectivo señalado sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

La denuncia pide determinar qué arma utilizó el funcionario, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, cuál era la función que tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba.
Pero el planteo no apunta solamente contra la actuación individual del comisario. La presentación busca establecer si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades policiales y políticas o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas