La protesta – un lock-out llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos – comenzó el sábado 1° de agosto y abarca desde los puertos del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
El decreto que facilitó la acción sindical, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar las “barreras de entrada” al sector, reducir costos operativos y permitir la contratación directa de servicios, además de habilitar a capitanes con experiencia a navegar sin la obligación de disponer de contratos de prácticos.
Desde la vereda de enfrente, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó la reforma de “abusiva e inconstitucional”. La entidad adelantó que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.
Ante el desabastecimiento operativo y las complicaciones logísticas, la Prefectura Naval Argentina reaccionó enviando cédulas de “intimación perentoria” a los profesionales para que reanuden la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.
A pesar de la advertencia oficial, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. No obstante, fijaron excepciones estratégicas: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.