El juez federal Ernesto Kreplak dispuso este viernes la excarcelación de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado.
Las exfuncionarias recuperaron la libertad tras pagar una caución de $75.000.000 cada una. Tras ordenar la liberación, dictó la prohibición de salir del país para ambas con entrega del pasaporte a la Justicia. En el caso de Bisio, además, se estableció una prohibición de contacto con ex empleados y colegas de ANMAT e INAME.
Ambas habían sido detenidas el martes pasado como parte de la causa que investiga la muerte de 90 personas y lesiones de importancia a otras 41 por la utilización de fentanilo contaminado durante el año pasado.
Bisio y Mantecón Fumado habían sido indagadas este jueves. Según consta en el dictamen de la fiscal federal N°1 de La Plata, María Laura Roteta, y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, hay una serie de chats entre las exfuncionarias y los responsables de los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.
Allí, constan las advertencias que tenían las funcionarias sobre las irregularidades que había en los laboratorios y la recomendación de que fueran inhabilitados hasta que se pusieran en condiciones, pero no hicieron nada.
El intercambio más crítico ocurrió el 26 de febrero de 2025, cuando centros de salud consultaron qué hacer con las dosis almacenadas de Laboratorios Ramallo. Ante la advertencia técnica de retirar el producto, la entonces directora del INAME frenó la orden respondiendo: “Es un montón de guita que está en la calle”. A pesar de advertir que una demora provocaría “eventos adversos o muertes”, la orden de incautación fue cajoneada.
Asimismo, ambas exfuncionarias habían recibido un informe de dos inspectoras de la ANMAT que revisaron el lugar entre noviembre y diciembre de 2024, detectaron serias irregularidades y les recomendaron a sus jefas, el 3 de enero, que prohibieran toda la producción de ese laboratorio y ordenaran retirar del mercado drogas elaboradas allí. Sin embargo, no hicieron nada al respecto.
Según consta en el expediente, los laboratorios "registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales". Para los investigadores, ese funcionamiento irregular habría sido posible por "la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad".
A pesar de las advertencias, el fentanilo contaminado fue producido, comercializado y suministrado a pacientes internados. Esto provocó la muerte de al menos 90 personas y otras 41 resultaron lesionadas.
De acuerdo con el planteo de los fiscales, se encuentra probado que con anterioridad, durante su elaboración y en el transcurso de la aplicación del fentanilo contaminado, las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones.
Sin embargo, las extitulares de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los productos y de adoptar las medidas administrativas necesarias para proteger la salud de la población, y que fueron excarceladas este viernes, nada hicieron para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios.