En su lugar, el Ejecutivo provincial puso en marcha un programa de refinanciación a través del Banco del Chubut con condiciones preferenciales para sanear la economía de las familias del sector público.
La medida busca neutralizar un mecanismo que, de acuerdo con el mandatario provincial, facilitó la proliferación de préstamos con tasas efectivas anuales que llegaron a superar el 340%.
«Nos encontramos con una estafa que, aunque esté amparada legalmente, tiene un enorme dilema moral. No quiero que la provincia sea cómplice de la usura», afirmó Torres en diálogo con Radio Chubut al fundamentar la resolución.
Refinanciación con tasa fija del 25%, año de gracia y hasta 72 cuotasEl nuevo esquema financiero instrumentado por el Banco del Chubut permitirá a los agentes públicos consolidar y cancelar sus pasivos bajo pautas de pago de mayor accesibilidad. La línea contempla una tasa fija del 25% anual, un año de gracia sobre el capital, plazos de hasta 72 cuotas y un tope del 40% del salario para la afectación del descuento mensual.
Para acceder a este programa, los agentes deberán concurrir a una sucursal de la entidad bancaria oficial con la certificación de la deuda vigente. A través de este trámite, el Banco del Chubut cancelará el capital adeudado con la entidad acreedora y absorberá la acreencia bajo la nueva estructura de cuotas.
Torres aclaró que la baja de los códigos no extingue las deudas asumidas previamente, sino que interrumpe la retención automática en el recibo de sueldo para dar paso a una alternativa de financiamiento sostenible.
Marco regulatorio: decreto, proyecto de ley y eventual litigiosidadLa interrupción de los cobros automáticos se efectivizará mediante un decreto provincial. De forma paralela, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley a la Legislatura con el objetivo de fijar límites permanentes a la afectación de los salarios públicos y topes máximos a las tasas de interés aplicables.
En sus declaraciones, el mandatario reveló que las auditorías previas detectaron que gran parte de los actores que operaban bajo este sistema correspondían a entidades financieras radicadas fuera de la provincia, cuyo modelo se basaba en la garantía de cobro directo sobre la nómina salarial del Estado.
«No perseguimos a las mutuales, sino a la usura», remarcó el gobernador. Torres añadió que, si bien la herramienta nació originalmente para facilitar la vivienda o la cobertura de salud, con el tiempo se desvirtuó hasta convertirse en «una trampa para las familias».
Por último, el titular del Ejecutivo anticipó que la medida podría derivar en acciones en el ámbito judicial por parte de las entidades involucradas, aunque ratificó que la Provincia sostendrá la postura en resguardo del salario de los trabajadores.