En medio de un renovado debate sobre la propiedad de la tierra en la Argentina, el Observatorio de Tierras difundió datos que muestran que el 2,74% de la superficie rural del Chaco se encuentra en manos extranjeras, lo que representa 246.275,09 hectáreas.
El desmonte para el uso agropecuario de la tierra. El debate por la extranjerización llega al Congreso Nacional y se espera una áspera sesión en Senadores. 
La discusión volvió a instalarse luego de que el bloque oficialista en el Senado impulsara el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que propone, entre otras modificaciones, derogar el artículo 8 de la Ley de Tierras 26.737, vigente desde 2011, que limita al 15% el dominio extranjero sobre las tierras rurales del país.
Los datos surgen del mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que releva la situación de la propiedad rural en todo el territorio nacional. A nivel nacional, el informe señala que alrededor del 5% del territorio argentino, equivalente a 13 millones de hectáreas, pertenece a firmas o Estados extranjeros. De acuerdo con el estudio, los principales inversores provienen de Estados Unidos, Italia y España.
En el caso del Chaco, además del porcentaje de tierras extranjerizadas, el relevamiento indica que la provincia no registra áreas glaciares ni proyectos mineros activos. Asimismo, contabiliza 116 comunidades originarias, de las cuales 21 finalizaron su relevamiento territorial, 19 se encuentran en trámite y 71 aún permanecen pendientes. En el mapa se observa a los departamentos General Güemes, Tapenagá y Sargento Cabral como receptores de propietarios extranjeros de la tierra.
Desde el Observatorio sostienen que la discusión sobre la Ley de Tierras adquiere especial importancia en regiones con recursos naturales estratégicos, zonas fronterizas y áreas con valor productivo, hídrico o logístico. En ese contexto, el tratamiento parlamentario de la iniciativa promete reabrir un debate sobre el equilibrio entre las inversiones, la soberanía territorial y la regulación de la propiedad rural en la Argentina.