El Gobierno puso a las privatizaciones entre las principales herramientas de su programa económico para los próximos dos años. Luis Caputo presentó el esquema de financiamiento para 2026 y 2027 con la previsión de obtener u$s2.300 millones a partir de la venta de activos estatales. El objetivo es reforzar los recursos destinados al pago de los vencimientos de deuda en un período atravesado por compromisos financieros y el calendario electoral.
La proyección oficial contempla ingresos por u$s800 millones durante 2026 y otros u$s1.500 millones en 2027. Esos fondos se complementarán con colocaciones de deuda en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales, futuras emisiones de bonos en dólares y otros recursos previstos por el programa financiero. Desde el equipo económico sostienen que la intención es cubrir las obligaciones sin depender de una emisión internacional mientras continúa la búsqueda por reducir el riesgo país y recuperar el acceso al crédito externo en mejores condiciones.
Dentro del listado de empresas incluidas aparecen AySA, Belgrano Cargas, Intercargo y las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, aunque cada expediente atraviesa una etapa diferente.
La privatización de AySA es la que muestra mayor nivel de avance. Luego de haber sido declarada sujeta a privatización por la Ley Bases, el Ejecutivo habilitó mediante un decreto la transferencia del 90% del capital accionario. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto y el Gobierno apeló la medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que había frenado de manera transitoria el proceso. La postura oficial es que esa resolución no debería modificar el cronograma porque se trata de una cuestión regulada por una norma federal aprobada por el Congreso.
La licitación se realizará sin precio base y el pliego establece que el futuro comprador deberá acreditar experiencia en la gestión de sistemas de agua potable y saneamiento. También podrán participar consorcios y fondos de inversión, aunque quedarán excluidas empresas controladas por Estados extranjeros, firmas sancionadas por organismos internacionales, compañías en quiebra o con antecedentes de corrupción.
El esquema contempla una primera etapa con la venta de al menos el 51% a un operador estratégico mediante licitación y una segunda instancia con la colocación del resto de las acciones estatales en el mercado de capitales. Actualmente, AySA presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura superior al 85% en agua potable y al 70% en saneamiento.
Otro de los expedientes que avanza es Belgrano Cargas. Los pliegos ya superaron la revisión técnica y únicamente resta la firma de Luis Caputo para que sean publicados. A partir de ese momento se abrirá un plazo cercano a 90 días para recibir ofertas, con la intención de adjudicar la concesión antes de fin de año.
La licitación dividirá el negocio en tres procesos independientes vinculados a la administración de vías, talleres y material rodante. Además, implementará el sistema de acceso abierto (open access), que permitirá que distintos operadores utilicen la red ferroviaria mediante el pago de un canon. El proyecto despertó interés entre exportadoras de granos y empresas ligadas a la logística, aunque demandará inversiones por cientos de millones de dólares para renovar infraestructura, locomotoras, vagones y ampliar la capacidad de transporte.
El escenario de Intercargo es distinto. La licitación realizada el 25 de julio quedó desierta porque ningún interesado presentó ofertas válidas. La apertura de sobres había sido postergada en dos oportunidades y finalmente ninguna empresa cumplió con los requisitos técnicos y económicos para quedarse con la compañía estatal que presta servicios de rampa en los 21 principales aeropuertos del país. Ahora el Ejecutivo deberá definir si modifica las condiciones del proceso o convoca a una nueva licitación.
En el caso de las centrales General San Martín y Manuel Belgrano, los equipos técnicos todavía trabajan en la elaboración de los pliegos y de la documentación necesaria para lanzar las licitaciones durante los próximos meses.
Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) mantiene vigente el decreto que habilita la privatización parcial del 44% del capital, aunque el proceso permanece momentáneamente en pausa tras los cambios en la conducción de la empresa y la revisión del plan nuclear oficial.
También continúa en análisis la venta de Metrogas por parte de YPF, que conserva el 70% de la distribuidora. La operación atraviesa la etapa de due diligence luego de recibir ofertas no vinculantes de 13 empresas. El proceso cuenta con el asesoramiento de Citigroup y podría concretarse durante 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias.
Con este escenario, AySA y Belgrano Cargas aparecen como las operaciones con mayores posibilidades de concretarse antes de fin de año por el grado de avance que alcanzaron. De todos modos, eventuales pedidos de prórroga por parte de los interesados o demoras administrativas podrían modificar el cronograma previsto hacia la primera parte de 2027.
La estrategia oficial no apunta únicamente a conseguir divisas para afrontar los vencimientos de deuda. Las privatizaciones también ocupan un lugar dentro del frente fiscal. Según un informe del IARAF, los ingresos provenientes de la venta de activos fueron determinantes para sostener el superávit durante el primer semestre del año.
Entre enero y junio, el superávit primario cayó 26,9% en términos reales y el financiero retrocedió 61,5%. Sin esos ingresos extraordinarios, las estimaciones del instituto indican que la caída habría sido mayor, con un descenso del 37,6% en el resultado primario y del 88,7% en el financiero.
Ese escenario explica el peso que adquirieron las privatizaciones dentro del programa económico. Con buena parte del ajuste del gasto ya concretado, el margen para seguir reduciendo partidas es cada vez menor. Durante el primer semestre solo crecieron en términos reales los subsidios energéticos (69,9%), las transferencias a universidades (10,3%), la Asignación Universal por Hijo (3,8%) y las jubilaciones y pensiones (3%), mientras que el resto de las partidas registró bajas que, en algunos casos, llegaron hasta el 90,9%.