El conflicto judicial entre las universidades nacionales y el Gobierno sumó un nuevo capítulo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, pidió que la Justicia habilite la feria judicial para avanzar con una sentencia definitiva en la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El planteo fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal que se encuentra de turno durante la feria. La intención es que el expediente no permanezca paralizado y que se resuelva el fondo de la discusión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la ley.
La cautelar, confirmada por el máximo tribunal a fines de junio, ordenó al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles.

Sin embargo, según sostienen las universidades, esos incrementos todavía no fueron efectivizados. El escrito fue impulsado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del CIN. Allí cuestionó la demora del Estado en cumplir tanto la ley como las resoluciones judiciales.
“Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026”, sostuvo en la presentación.


El rector también acusó al Ejecutivo de haber desplegado distintas estrategias para dilatar el trámite judicial. “El PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo”, afirmó.
Ahora será el fiscal de feria quien deberá pronunciarse sobre el pedido de habilitación antes de que el juez Martín Cormick decida si el expediente continuará su trámite durante el receso judicial.
Además del reclamo por el cumplimiento de la cautelar, las universidades buscan que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento, criterio que también utilizó para otras normas sancionadas por el Congreso.
Si bien el Gobierno firmó en junio un acta comprometiéndose a transferir fondos para mejorar salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, el CIN sostiene que ello no reemplaza el cumplimiento integral de la ley ni de las órdenes judiciales ya dictadas.
En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la ley de financiamiento universitario.La Corte dejó firme la medida de la justicia contencioso administrativo federal que había ordenado, antes de resolver el fondo de la cuestión, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley.