En la Argentina hay de acuerdo con cifras oficiales 13,2 millones de hectáreas en manos de personas o sociedades extranjeras, casi un 5% del total de las tierras rurales del país, muy lejos del límite del 15% permitido por la ley vigente, sancionada en 2011. Si existe la posibilidad de triplicar la cantidad de tierras en manos de extranjeros, ¿por qué Javier Milei quiere eliminar toda restricción, con el proyecto de ley “de inviolabilidad de la propiedad privada”, según la denominación del Gobierno, que se va a tratar el jueves que viene en el Senado?
La respuesta a esa pregunta condensa las razones ocultas detrás de la iniciativa que, de aprobarse, permitiría la entrega a manos extranjeras de zonas estratégicas:  Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas y áreas fronterizas sensibles que facilitarían el contrabando y el narcotráfico. Vienen por el agua, por los recursos minerales y por las fronteras. 
Esa advertencia resonó en el Congreso hace dos semanas, en una jornada contra el proyecto de ley que organizó el senador de Unión por la Patria (UP), Eduardo “Wado” De Pedro. En ese marco, expusieron referentes de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, que nuclea a distintas agrupaciones y personalidades que intentan frenar la ofensiva del Gobierno, como el Observatorio de la Tierra, que el año pasado elaboró un mapa actualizado de la extranjerización de la tierra en la Argentina.  

El trabajo, elaborado a partir de un pedido de acceso a la información, muestra que en 2025 había 13,2 millones de hectáreas rurales en manos de extranjeros, 2,6 millones de hectáreas menos que en 2015, cuando totalizaban 15,8 millones, casi el 6% del total. ¿Hay un proceso de nacionalización que Milei quiere revertir? Nada de eso. La sospecha de los especialistas es que hay una extranjerización creciente y un subregistro deliberado del Estado. De hecho, Milei ya intentó derogar la ley de 2011 con el decreto 70/2023, pero ese artículo fue vetado por la Justicia.
La disminución de extranjerización que se muestra en los papeles responde a los efectos de un decreto de Mauricio Macri, de 2016. Por un lado, cambió el criterio para determinar cuando una empresa es extranjera, al pasar de 25% a 51% el porcentaje de participación foránea en el paquete accionario. Por otro, eliminó el cruce de datos entre el ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF) que permitía identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, y anuló la obligación de solicitar permiso al Registro de Tierras Rurales para vender a extranjeros. 
Un caso paradigmático es la adquisición irregular de 20.000 hectáreas en Bariloche, Río Negro, por parte del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en 2017, en una operación en la que usó como testaferro al empresario santafecino Hugo Barabucci. Él declaró en un juicio por usurpación contra integrantes de la comunidad mapuche que el gobierno de EAU le había donado US$2 millones para la adquisición de esas tierras.  

Lo más impactante del mapa de extranjerización son los datos cualitativos. El proceso se concentra en zonas muy específicas del país: la Patagonia, la zona cordillerana de provincias mineras, la frontera oeste y norte, y el Litoral. Como la ley de 2011 no se aplicó de manera retroactiva, hay zonas que sobrepasan el límite del 15%, que rige tanto a nivel nacional, como para provincias y departamentos. La ley, sancionada con 153 votos en Diputados y casi por unanimidad en el Senado, también establece un máximo del 30% para ciudadanos de un mismo país.
Los datos son alarmantes. No solo porque hay provincias que se aproximan al tope, como Salta (11%), Misiones (11%), San Juan (10%), Mendoza (9%), Catamarca (8%), Santa Cruz (8%) y Corrientes (8%). También porque hay 36 departamentos con una tasa de extranjerización por encima del límite. Los casos más extremos son San Carlos (Salta), con el 60% de sus tierras rurales en manos de extranjeros; Molinos (Salta), con el 58%; General Lamadrid (La Rioja), 57%; Lacar (Neuquén), 54%; Campana (Buenos Aires (50%); Iguazú (Misiones), 40%; Ituzaingó (Corrientes), 34%; Guachipas (Salta), 34%, y Berón de Estrada (Corrientes), 33%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.    

En el ránking de nacionalidades con posesión de tierras rurales en la Argentina aparecen primero ciudadanos de Estados Unidos, con más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie mayor a la provincia de Tucumán, y un 20% del total de tierras en manos de extranjeros. Les siguen los italianos y los españoles. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de la tierra extranjerizada. Si se aprueba el proyecto de Milei, solo quedarán en pie la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o de empresas con participación estatal, modelo habitual de las compañías chinas. 
Florencia Gómez, directora del Registro de Tierras Rurales hasta 2015, pide prestar especial atención al intento por derogar el artículo 10 de la ley vigente, que prohíbe a extranjeros hacerse de tierras que “contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”. “Esta ley es parte de un combo que incluye la ley de glaciares, el súper RIGI, la ley de lobby y la ley de sociedades anónimas. Quieren entregar los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, para proyectos turísticos VIP, para generar energía o para la instalación de grandes centros de data center como los de Peter Thiel”, advirtió, en diálogo con El Destape.
Para Julieta Caggiano, del Observatorio de Tierras, si se deroga la ley del 2011, van a proliferar los casos como el de Joe Lewis, el empresario británico con más de 12.000 hectáreas en la Patagonia que contienen al Lago Escondido. “La clave es el análisis subprovincial. Quieren derogar la ley actual para que los extranjeros compren tierras justo donde hoy ya no pueden hacerlo”, dijo a El Destape. Otro foco de atención, indicó, es la reforma del decreto/ley de 1944 que regula la adquisición de tierras en zonas de frontera. El proyecto de Milei habilita la extranjerización de esas áreas sensibles, con la autorización de la provincia donde se ubica ese territorio y el silencio administrativo del Estado nacional. 
Marcelo Bergman, doctor en Sociología y especialista en crimen organizado, sostuvo en su exposición en el Senado que el proyecto abre la puerta a que organizaciones narcocriminales compren las fronteras argentinas. “Si se quitan regulaciones a las zonas de frontera y se debilitan los controles se permite que un grupo extranjero se pueda hacer del control de un espacio. Un ejemplo: si el Primer Comando de la Capital, principal cartel de drogas de Brasil, quisiera adquirir territorios en Misiones, en la zona de frontera para pasar droga desde Paraguay a la Argentina, con esta ley tienen el control de ese espacio. Con las fronteras tenemos que ser muy cuidadosos. No vaya a ser cosa que dentro de diez o quince años nos agarremos la cabeza y digamos: ‘¡Qué hicimos!’”