La empresa Air Liquide, la planta química ubicada en el Parque Industrial de Zárate, quiso reducir la planta de personal amparada en la reforma laboral recientemente impulsada por el gobierno de Javier Milei. “No tiene problemas económicos, no perdió clientes, no se le cayó la facturación. La decisión de los despidos obedece a una directiva de la casa matriz francesa de achicar planteles y a la posibilidad de hacerlo que le brinda la nueva ley”, señala el secretario general del Sindicato de Personal de la Industria Química (SPIQ), Oscar Casco, cuya regional abarca Zárate, Campana y Baradero.
La planta tiene 35 trabajadores, de los cuales intentaron despedir a la mitad, pero la medida se dio de hecho. Nunca hubo telegramas ni notificación formal. Cuando un turno se retiraba, le impidieron el acceso al siguiente.
El dato no menor es que Air Liquide trabaja con gases volátiles, que son peligrosos si quienes operan la fábrica no son idóneos y calificados. “Esa planta es como una gran caldera. Trabaja bien dentro de un determinado régimen. Pero fuera de ese régimen se vuelve peligrosa. El mínimo establecido para operarla son seis trabajadores. La dejaron con tres, que eran jerárquicos y ni siquiera están capacitados”, explica Casco.
Liquid Air es vecina de uno de sus principales clientes, la petrolera Axion, a la que provee de etanol, para aumentar el octanaje de los combustibles. “Si pasaba algo, desaparecía la ciudad entera, pudo ser una tragedia”, resume el sindicalista.
La empresa también le vende dióxido de carbono a las fabricantes de gaseosas Coca Cola y a Manaos, pero nadie puede garantizar trazabilidad ni higiene en el período de ausencia de los técnicos especializados.
Por esos motivos, ante el severo peligro para la salud pública que implicaban las decisiones empresarias, el sindicato solicitó la rápida intervención del Ministerio de Trabajo provincial.
La respuesta fue una conciliación obligatoria y una mesa de trabajo tripartita, que volverá a reunirse este viernes. La empresa, por su parte, anunció que abrirá un programa de retiros voluntarios.
“Los trabajadores volvieron a sus puestos pero después de lo que pasó no están tranquilos, para nada”, advierte Casco. Ocurre que la planta tiene dieciocho años y algunos trabajadores están allí desde que se puso en marcha.
Esa antigüedad es el costo que los directivos quieren bajar, a tono con las órdenes que vienen de Francia, para reemplazar luego a los trabajadores de convenio por otros tercerizados y precarizados.
“Nos opusimos a la reforma desde el primer minuto, porque sabíamos lo que significaba para los trabajadores, despidos, precarización y pérdida de derechos. Ahora, las consecuencias están a la vista”, le dijo a Buenos Aires/12 el titular de la CGT Regional Zárate Campana, Carlos Gutiérrez, también secretario general de Asimra.
Los sindicalistas no descartan tampoco, como motivación secundaria, la idea de congraciarse con el gobierno. No hace mucho el ministro Caputo se quejó ante un auditorio de empresarios, “tienen la reforma y no la usan”.